La ley de mediación, Caballo de Troya en la LEC

Que el Gobierno, sea del color que fuere, es un instrumento del poder económico, es algo que no ofrece duda.   Quién tiene el poder hace las leyes, y éstas son un medio para que el poder se afiance cada vez más.   El poder económico es EL PODER.

Antiguamente, cuando se hacía una ley era para un determinado objetivo, y nada más.   Hoy en día sin embargo, como ya denunciara hace años el gran jurista José-Federico de Carvajal, en un artículo que apareció en la revista de una editorial jurídica (no recuerdo cuál de ellas) y que titulaba El legislador español juega al escondite, puedes encontrarte con que cualquier ley contiene disposiciones adicionales, o incluso transitorias, que se apartan por completo del enunciado y del objeto de la norma.   Buena muestra de ello es el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, cuyo enunciado es por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, pero que en sus disposiciones adicionales y ¡transitorias! regula materias como la modificación de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 en lo referente a la compensación de las cuotas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica objeto de condonación en el año 2013, como consecuencia de la aplicación de los beneficios fiscales establecidos en el vigente Convenio de Cooperación para la Defensa con los Estados Unidos, de fecha 1 de diciembre de 1988, y otras materias a cual más dispar.

Lo anterior es anecdótico e incluso jocoso.    Pero lo que me trae aquí es el contenido de la disposición adicional tercera de la ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, por la que se modifican determinados artículos de la LEC.   Son muchos los artículos afectados: 19, 39, 63, 65, 66, 206, 335, 347, 395, 414, 415, 438, 440, 443, 517, 518, 539, 545, 548, 550, 556, 559, 576 y 580.   Pero no crea el lector que todas estas reformas se refieren a la mediación o son consecuencia o tienen relación con la ley de mediación.

Así por ejemplo, en la DA Doce, se dice:

Se añade una excepción 4.ª al apartado 3 del artículo 438, con la siguiente redacción:

«4.ª En los procedimientos de separación, divorcio o nulidad y en los que tengan por objeto obtener la eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas, cualquiera de los cónyuges podrá ejercer simultáneamente la acción de división de la cosa común respecto de los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa. Si hubiere diversos bienes en régimen de comunidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo solicitare, el tribunal puede considerarlos en conjunto a los efectos de formar lotes o adjudicarlos.»

Pero no es este el motivo que me mueve a escribir estas notas, ni responde al título que he dado a las mismas.  No quiero incurrir en el mismo vicio del legislador.

Lo que aquí importa, el Caballo de Troya a que hice referencia en el título es el contenido de la DA Veintidós, que dice así:

Se da nueva redacción al ordinal 3.º del apartado 1 del artículo 559:

«3.º Nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener la sentencia o el laudo arbitral pronunciamientos de condena, o porque el laudo o el acuerdo de mediación no cumpla los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución, o por infracción, al despacharse ejecución, de lo dispuesto en el artículo 520.»

El art. 559 LEC regula la sustanciación y resolución de la oposición a la ejecución por motivos procesales.  La redacción original del apartado 1.3º era:

 

3.      Nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener la sentencia o el laudo arbitral pronunciamientos de condena, no cumplir el documento presentado los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución, o por infracción, al despacharse ejecución, de lo dispuesto en el artículo 520 de esta Ley.

Es decir que se ha suprimido la posibilidad de que el deudor se oponga a la ejecución por motivos procesales en aquellos casos en que la ejecución se basa en cualquiera de los documentos que como títulos ejecutivos enumera el art. 217.2 en sus ordinales 4º, 5º, 6º y 7º, que son precisamente títulos para los que la ley exige varios requisitos, bastante complejos, para que puedan ser ejecutivos.

Así por ejemplo, si el título es una escritura pública y no es primera copia, o siendo segunda no se ha obtenido cumpliéndose los requisitos legales de ser dada en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quién debe perjudicar; o lo que es más frecuente, una póliza de préstamo bancario que no vaya intervenida por notario (antes llamado corredor de comercio) o no se acompañe de la preceptiva certificación, etc, etc.

En tales casos habrá que confiar en que el juez examine bien el título antes de despachar la ejecución, porque si se equivoca y despacha la ejecución indebidamente, lo cual es lamentablemente posible y no sería la primera vez, el deudor queda privado de la posibilidad de defenderse alegando la nulidad del título.  

¿Por qué tener que confiar en el juez cuando se trate de un documento de los contemplados en los ordinales 4º, 5º, 6º y 7º del art. 217.2, y sin embargo sí que quepa confiar al deudor el control de la legalidad de un laudo o un acuerdo de mediación, cuando son documentos cuyos requisitos legales son mucho menos complejos que aquellos?

No queda más respuesta que entender que tal supresión de los derechos de defensa del deudor es un Caballo de Troya introducido en la LEC por la Ley de Mediación, supresión que desde luego que nada tiene que ver con la mediación pero que beneficia extraordinariamente a los acreedores, de los que la inmensa mayoría son bancos, es decir EL PODER.   ¡Qué casualidad!




LA NECESIDAD DE LA GRABACIÓN DE LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, EN LOS CASOS DE NEGLIGENCIA MÉDICA.

 


 

Nos gustaría compartir con vosotros el artículo que nuestro compañero Jose Luis Órtiz publicó en el Diario de Cádiz a raiz de la sentencia sobre la presunta negligencia médica que conllevó la muerte del cantaor Enrique Morente. En su reflexión se recalca la necesidad de la grabación de las intervenciones quirúrgicas, al igual que se hace en otros ámbitos como el Judicial, como prueba en casos de mala praxis. 

 

“TODOS SOMOS MORENTE (por Jose Luis Ortiz Miranda).

El sábado 26 de enero fui testigo-telespectador en el programa de televisión El Gran Debate de una desgarradora y escalofriante entrevista televisiva a la viuda del maestro Enrique Morente y a su yerno, el torero Javier Conde. Ambos explicaban, con absoluta indignación, las maniobras y tejemanejes que -presuntamente – el cirujano Enrique Moreno y su equipo quirúrgico estaban poniendo en práctica para eludir la acción de la justicia.

La familia Morente se encuentra en la tesitura que da la incertidumbre que produce la falta de información, la falta de claridad y el enorme cúmulo de contradicciones por parte de los facultativos y hospital que atendieron al maestro Morente y que desembocó en su terrible pérdida.

A raíz de este caso, pienso en cuántas familias anónimas como las de Morente sufren la impotencia que da la falta de información, que les induce legítimamente a incurrir en sospechas; y lo difícil que resulta demostrar ante un tribunal la existencia de negligencia: ello simplemente se evitaría si se grabase la intervención quirúrgica. El que no tiene nada que ocultar, nada tiene que temer. Esta entrevista me ha hecho reflexionar, y me hace volver, como abogado especializado en derecho sanitario, a la vieja y ansiada demanda de los pacientes: que se obligue por ley a grabar las intervenciones quirúrgicas, al menos las de cirugía mayor.

Ya está bien de que determinados cirujanos negligentes se parapeten y blinden maquillando después de las intervenciones las hojas de quirófano, ocultando la verdad y escribiendo en ellas lo que más les convenga.

Me decía un gran cirujano amigo mío que trabaja en la sanidad pública: “Es una vergüenza; cuando alguien se nos muere… cogemos la historia clínica y nos ponemos a escribir”.

¿Qué problema hay con que se graben las intervenciones quirúrgicas? ¿Nos da miedo la transparencia?

Señor, ¿no se graban los juicios en la Administración de Justicia y nadie se raja la camisa? En medicina, aún más, todo el mundo tendría cabal conocimiento de lo que pasó y cómo pasó y sobre todo si lo que falló es imputable a una fatalidad, caso fortuito o fuerza mayor, o por el contrario a alguna mala praxis imputable a la organización/funcionamiento del hospital o al propio cirujano y/o equipo quirúrgico, anestesista, circulante o instrumentista.

Grabar las operaciones quirúrgicas es avanzar en nuestro sistema de derechos civiles, en su vertiente del derecho a la información del usuario de la salud pública. Es avanzar en prestar un servicio sanitario digno y eficiente, y que no se le esté produciendo un daño antijurídico, el cual, no tiene el deber jurídico de soportar: la vida es el bien más preciado y más digno de protección.

Grabar las intervenciones quirúrgicas es hacer una sociedad mejor, más responsable con sus propios actos y más garantista hacia el más débil: el paciente frente a la poderosa máquina del sistema de Seguridad Social. En los países escandinavos, Suecia, Dinamarca y Finlandia, que nos dan cuarenta vueltas en democracia avanzada, se graban.

¿Por qué la sanidad española parece tener miedo a la verdad? La verdad nos hará libres. Cuando en su Autobiografía Benjamin Franklin establece el catálogo de las trece virtudes morales, que a título personal intentó adquirir en vida, habla de la justicia y la define como “no perjudicar a nadie diciendo injurias y falsedades, u omitiendo las buenas obras a que estamos obligados”.

El caso Morente, junto con el caso Antonio Meño, ha metido el problema de las negligencias médicas en el mapa de España. En nuestra querida piel de toro, respecto a la medical liability (responsabilidad civil médica), desgraciadamente, las cosas no son como en Estado Unidos. Véase lo que ha tardado la justicia en poner las cosas en su sitio en el caso del médico de Michael Jackson.

Aquí nunca ha habido cultura de reclamación de responsabilidad médica. Desengañémonos. Aquí, tradicionalmente, cuando alguien fallecía en un quirófano, en una población de nuestra geografía nacional, porque se producía un fallo gordo, se escuchaba: “Si Dios se lo ha llevado, estaría de Dios, pero el cirujano… es una eminencia”.

Será una eminencia, pero, por favor, los cracks también meten la pata.. ¿Quién no ha tenido alguna vez en su vida, en su entorno familiar o círculo de amistades algún conocimiento de alguna negligencia médica clarísima? No son cosas de otro planeta, ni de laboratorio, no son cosas raras. Pasan todos los días y no hacen distingos entre pobres y ricos, altos o bajos. Al que le toca, le toca. Es, en fin, una lotería azarosa.

Sólo de diez a quince años a esta parte, tímidamente, la jurisprudencia patria empieza a abrir la mano y se ven las primeras sentencias, inicialmente de los Juzgados de Instancia e Instrucción, luego de las Audiencias Provinciales y recientemente del Tribunal Supremo, que empiezan a dar la razón a los pacientes. Los tribunales de justicia, como no podía ser de otra manera, no han permanecido insensibles ante determinados atropellos y el sufrimiento de muchos ciudadanos que son, sin comerlo ni beberlo, víctimas inocentes de una negligencia médica. Al que le toca, le toca.

El caso Morente debe servirnos colectivamente para abrir los ojos y tomar conciencia de que los médicos (y todos los profesionales liberales) no son infalibles. Y que errare humanum est. ¿Quién no se equivoca, si hasta a los magistrados más brillantes algunas veces les revocan sus sentencias otros jueces superiores jerárquicamente?

De la enternecedora y dramática entrevista televisiva me quedo con el mensaje de la viuda: no quiero dinero, lo hago para que a otros no les pase lo mismo. Mi más encendida admiración.

Todos somos Morente, frase que da título a este artículo de opinión, significa que tras este caso se esconden cientos, no, miles de víctimas anónimas de negligencias médicas que sufren calladamente y no han tenido, ni de broma, la repercusión mediática del tristemente fallecido maestro, pero que siguen estando ahí.

A ellos, a ellos, van dedicadas estas palabras. Bienaventurados los humildes…”