LA MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL

El 26 de julio pasado se publicó en el BOE la Ley 5/2012, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.

La MEDIACIÓN se define en el artículo 1 como un ”medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador”.

Conforme a esta definición, podemos señalar como características fundamentales de la mediación como medio de solución de controversias, su carácter voluntario, heterocompositivo, y en el que interviene un tercero o mediador.

¿Qué suponen estas características?

-    La voluntariedad implica que las partes, voluntariamente, acceden a la mediación, y que la mediación se termina en cualquier fase en que una de las partes no desee seguir adelante. También afecta a la figura del mediador que debe aceptar la mediación.

-    Como método heterocompositivo de resolución de conflictos, en la mediación, el mediador no dice quien tiene o no razón, no da las soluciones, y no impone su criterio, sino que su función es dirigir a las partes hacia un acuerdo, centrando el conflicto y ayudando a encontrar las soluciones que, normalmente, implican compromisos para las dos partes en conflicto.

-    Finalmente, es fundamental la intervención de la figura del mediador para que le sea de aplicación esta Ley al acuerdo alcanzado.

El acuerdo alcanzado puede ser elevado a escritura pública, en cuyo caso será ejecutivo ante los tribunales en caso de incumplimiento de una de las partes.

En cuanto a la figura del mediador, ha de tener una formación específica y estar inscrito en un Registro de mediadores civiles y mercantiles que debe tener el Ministerio de Justicia.  El procedimiento, aunque, en esencia, carece de formalismos, sí debe cumplir unos pasos mínimos para que el acuerdo sea ejecutivo, y que regula la Ley, por lo que el mediador ha de conocer el procedimiento.

Frente a los métodos autocompositivos de resolución de conflictos, esto es, aquellos en los que un tercero resuelve (un juez o un árbitro), presenta la ventaja de que no hay un vencedor y un vencido, sino que, se supone, las dos partes salen ganando al alcanzar el acuerdo.  Por supuesto, se nos presenta además frente a la vía judicial como un método más rápido (frente a los años que puede llegar a durar un proceso judicial), más barato, pues en vez de dos abogados, dos procuradores, y, ahora, una tasa judicial indecente, las partes sólo tienen que pagar al mediador y, en su caso, si fuera necesario, a algún otro profesional como puedan ser peritos.

POR ESO EN ESTE BUFETE NOS ESTAMOS PREPARANDO, SIGUIENDO EL CORRESPONDIENTE CURSO DE FORMACIÓN CIVIL Y MERCANTIL, Y OFRECIENDO NUESTROS SERVICIOS TAMBIÉN EN ESTE INTERESANTE NUEVO MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

(Por Raquel García-Valcárcel Ruiz de la Cuesta, socia cofundadora de GV&C )




NUEVA LEY DE TASAS JUDICIALES: ¿A QUIÉN LE VA A INTERESAR PLEITEAR?

La inminente aprobación de la LEY DE TASAS en el ámbito de la Administración de Justicia va a suponer un encarecimiento para el ciudadano en el acceso a la tutela judicial. A los gastos comunes de abogado y procurador, y ocasionalmente de Peritos, u otros profesionales como detectives, etc…, y la posibilidad de una condena en costas (que implica que el “perdedor” ha de pagar los gastos del pleito de la parte “vencedora”), hay que sumar ahora el pago de las tasas.

No es algo nuevo, pues desde hace unos años existe la obligación del pago de tasas judiciales, regulada en el art. 35 de la Ley de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social, pero con una importante diferencia respecto a la nueva Ley, y es que, hasta ahora, estaban exentas de pago las personas físicas, las entidades total o parcialmente exentas del impuesto de sociedades, y las entidades de reducida dimensión (aquellas cuyo importe neto de cifra de negocios sea inferior a ocho millones de euros). En la práctica, pues, no afectaba al ciudadano medio.

La prevista Ley de Tasas Judiciales no tiene “piedad”. Sólo están exentas las personas que tengan reconocido el derecho a la justicia gratuita (para lo que hay que cumplir unos requisitos muy restrictivos), y organismos de la Administración. Conforme al Proyecto de Ley, se establece una cantidad fija en función de la clase de procedimiento, así, por ejemplo, 150€ para un juicio Verbal (aquellos de cuantía inferior a 6.000€), y 300€ para un Juicio Ordinario.   Eso supone que, por ejemplo, para un pleito de 3000€ pongamos en reclamación de una indemnización a una aseguradora, el ciudadano tiene que pagar: tasa 150€; abogado 945€ más IVA; procurador 150€ más IVA; si necesita una pericial médica, otros 200€ más IVA; a lo que hay que añadir el riesgo de una condena en costas. Sólo si gana el pleito con costas para el contrario, se recuperará el coste de abogado, procurador y perito, pero no la tasa.   ¿realmente, a quién le va a interesar pleitear?  Los jueces van a esta muy tranquilos a partir de ahora, sólo tendrán que resolver los problemas de “los ricos” que, me temo, serán los únicos que tendrán de la tutela judicial.

ANTE ESTA SITUACIÓN, ¿CUAL ES NUESTRO CONSEJO?: PRIMERO, QUE SE ASESORE MUY BIEN DE LOS GASTOS QUE VA A TENER SU PLEITO EN CASO DE DECIDIRSE POR LA VÍA JUDICIAL; Y SEGUNDO, SI PUEDE, Y LA OTRA PARTE ESTÁ DISPUESTA, QUE ACUDA A LA “MEDIACIÓN”.

(Por Raquel García-Valcárcel R.C, Cofundadora de GV&C)




EL SISTEMA SANITARIO EN ESPAÑA

El 90% de la asistencia sanitaria en España se materializa a través de Instituciones Sanitarias públicas o privadas.

Los servicios sanitarios autonómicos de salud (SAS, SMS, SMAS, SBS, etc, ,,,) que serían entidades públicas.

Son de carácter privado las compañías aseguradoras médicas como ASISA, SANITAS, ADESLAS, DKV, etc …

Estas instituciones sanitarias tienen los recursos necesarios para prestar asistencia a sus beneficiarios/asegurados: hospitales, consultorios, maquinaria y material médico, y lo más importante personal facultativo y sanitario.

También existe la posibilidad de acudir a un médico privadamente.  En este caso el paciente elige al médico y le paga sus honorarios directamente.

 

¿NEGLIGENCIA MÉDICA O SANITARIA?

En sentido amplio hablamos de negligencia sanitaria cuando en cualquier estrato del sistema sanitario se produce un fallo o una anomalía con consecuencias para el paciente.

En sentido estricto hablamos de negligencia médica para designar la mala actuación de un médico que causa un daño al paciente.

Podemos decir que toda negligencia médica es sanitaria pero no toda negligencia sanitaria es médica.

Las instituciones sanitarias, públicas o privadas, son responsables de organizar y dotar a su personal de suficientes recursos como para prestar una asistencia sanitaria de calidad. El incumplimiento de sus deberes puede causar daños directos a los pacientes como, por ejemplo, las indeseables listas de espera para cirugía y pruebas complementarias; daños producidos por máquinas en mal estado de funcionamiento, o, la masificación con la consiguiente rebaja de la calidad asistencial.

Los hospitales también han de estar bien gestionados y organizados pues de lo contrario se producirán daños consistentes en errores y retrasos diagnósticos por descoordinación entre servicios y en infecciones nosocomiales por incumplimiento de los protocolos de asepsia.

La labor del personal auxiliar es importantísima a la hora de evitar infecciones hospitalarias por falta de asepsia, o en el caso de los celadores son fundamentales para garantizar el adecuado traslado de los enfermos dentro del hospital lo que puede evitar retrasos vitales en urgencias, caídas de los pacientes y otros accidentes.

Sobre el personal de enfermería es fundamental para el control del estado del paciente y debe avisar al médico ante cualquier alteración  de sus constantes, además tienen  la responsabilidad de administrar los tratamientos y realizar las curas.

Su mala actuación puede dar lugar a que pasen desapercibidos episodios de gravedad (infartos, ictus, etc, …) por no avisar al médico a tiempo, y también se han dado casos de defectuosa administración de medicamentos.

Los médicos son la pieza fundamental del sistema, sus errores pueden ser fatales para el paciente.  Pueden causar daño por omisión mediante retrasos y errores diagnósticos y de tratamiento, o, por acción, normalmente en intervenciones quirúrgicas.  También pueden ser responsables por no informar correctamente al paciente antes de realizarle cualquier prueba invasiva o de las distintas alternativas de tratamiento.

Así pues, tenemos que en el ámbito de la prestación sanitaria no todo queda reducido al médico.

 

RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE

La confianza y el respeto entre el médico y el paciente es fundamental.  Debemos respetar y confiar en médicos y sanitarios, pero debemos exigir lo mismo de ellos.

El médico es el mejor aliado del paciente, quien más puede hacer por él.

Pero no se olvide que el enfermo y los familiares más próximos poseen información que el médico no tiene y que puede ser fundamental.

PREVENCIÓN DE NEGLIGENCIAS MÉDICAS

Si creen que se está minusvalorando la gravedad de la situación, intenten hacer  entender al facultativo o al sanitario – con toda la educación y la calma de que sean capaces-, que conocen al paciente y que pueden asegurarle que nunca antes han visto a su familiar en tal situación, y que nunca ha tenido tales síntomas de esa manera.  Eso forzará al médico o al sanitario a explicarles por qué no deben estar preocupados y para ello tendrá que repasar el caso mentalmente con lo que ya habremos ganado una segunda  valoración médica propia o de nuestro familiar.   Intenten hacerle entender que no le están criticando sino que quieren colaborar con él, facilitarle las cosas.

Si pese a ello no obtienen respuesta o la respuesta es insatisfactoria:

1.- Extremen la vigilancia sobre el paciente, y al menor empeoramiento avisen inmediatamente a enfermería, o vuelvan a llevar al paciente a urgencias.

2.-En el ámbito hospitalario acudan a “Atención al paciente” y formulen una queja contra la enfermera/o o contra el facultativo, explicando la situación y guarde siempre una copia sellada.  Hágalo tantas veces como sea necesario. Tenga en cuenta que eso dejará constancia de su actuación y de la sintomatología que presentaba el paciente.  Si no lo hace sólo quedará la versión de los hechos anotada en la historia clínica.

3.- En caso de desatención clara y grave, advierta de que va a acudir inmediatamente al Juzgado de Guardia para poner una denuncia por desatención; si no obtiene resultado, hágalo.

4.- Contacte inmediatamente con un abogado especializado ¡Se trata de evitar que la desatención médica tenga consecuencias!

5.- Guarde copia de toda la documentación posible.

 

ANTE UNA NEGLIGENCIA MÉDICA CONSUMADA

Contacte inmediatamente con un abogado especializado.

Él le ayudará a obtener toda la documentación médica necesaria para estudiar el caso.

No todas las “desatenciones” o comportamientos inadecuados causan daños al paciente.  El abogado no es médico, por esto le facilitará un perito médico de profesionalidad e independencia contrastada que estudie y valore el caso.

El perito puede informar en dos sentidos:

- La actuación médica fue correcta y el daño no es consecuencia de un mal hacer médico.  En cuyo caso, ud. habrá obtenido una explicación sobre el daño causado que a lo mejor no le han dado en el sistema de salud.

- La actuación médica fue incorrecta y causó el daño sufrido por el paciente. En tal caso habrá de plantearse si quiere reclamar o no quiere reclamar.

Si quiere reclamar será el momento de estudiar la vía de reclamación.

VÍAS DE RECLAMACIÓN

1.- Administrativa.-

Cuando la asistencia sanitaria se ha prestado en el ámbito público.   En esta vía no se puede reclamar contra el médico o contra el autor del daño, la Ley lo impide.  Es obligatorio dirigirse contra el Servicio autonómico de salud correspondiente.

Lo que se puede reclamar es una indemnización económica.

2.- Civil.-

Cuando la asistencia sanitaria ha sido prestada en el ámbito privado.  Se reclamará una indemnización económica.

3.- Penal.-

Reservada para los casos más graves tanto por el resultado dañoso como por la gravedad de la imprudencia.

Se puede reclamar penas de prisión e inhabilitación, y también la reparación económica del daño.

Su abogado le ayudará a decidir cuál es la vía que mejor se adapta a su caso.

POR MIGUEL CÁCERES SÁNCHEZ (Cofundador de GV&C)