LA PRUEBA PERICIAL EN LOS ASUNTOS DE RESPONSABILIDAD SANITARIA

La prueba de peritos es la definitiva en los asuntos de negligencia médica.  A través de este medio de prueba se ilustra al juez o al tribunal sobre los aspectos técnicos del caso; por ello la Ley exige de ellos máxima objetividad e imparcialidad, sancionando incluso como delito el incumplimiento de estos deberes en su labor como peritos.

Sin disponer de un informe pericial médico sobre el que apoyar nuestros argumentos es prácticamente inviable obtener éxito en una reclamación judicial por mala asistencia sanitaria.

Ni los abogados ni los pacientes/perjudicados tenemos conocimientos suficientes, ni autoridad, para afirmar si una determinada actuación médica ha causado un daño a alguien.  Podemos intuirlo, pero si no hay un médico que afirme que se ha actuado fuera de la lex artis (técnica médica) y que ello ha causado un daño, nada podremos conseguir.  Sin peritaje no hay caso.

Por tanto, tras la primera cita con el cliente recopilaremos toda la documentación médica y la enviaremos a un médico especialista, que realizará un informe en el que nos dará su opinión fundada sobre si en la asistencia médica se respetaron los protocolos clínicos de actuación; en caso de que no fuera así qué se dejó de hacer que se debiera haber hecho, y las consecuencias de ese mal hacer.

En ocasiones tenemos la percepción de que no se nos ha tratado adecuadamente, de que se no se ha actuado con la premura o la atención debida y que ello ha sido la causa de nuestro mal y, sin embargo, el perito nos dice que clínicamente se ha actuado correctamente y que el daño no proviene de un mal hacer médico sino de la propia enfermedad.

Cuando el perito informa de que ha habido una mala actuación médica que ha causado un daño es el momento de interponer la demanda, respaldada por el informe pericial.

Lo normal es que en un juicio nos encontremos con que con el escrito de contestación a la demanda venga otro informe pericial que concluya de forma opuesta al  peritaje aportado con la demanda, es decir, que afirme que todo se hizo bien.

Por ello es fundamental la comparecencia en juicio de los peritos para explicar y aclarar su dictamen y someterse a contradicción por las partes. En ese trámite los abogados de las partes preguntarán a los peritos intentando poner en evidencia que el perito designado por su parte es el que mejor fundamenta sus conclusiones, e intentando poner de manifiesto los fallos que pudiera encontrar en el discurso del contrario para debilitar sus posición.

Luego, el Juez decidirá.

Ello nos debe llevar a la conclusión de que lo que nos interesa a abogados y clientes son peritos muy capacitados profesionalmente y, especialmente, objetivos e imparciales, pues de lo contrario nos podremos encontrar incursos en un procedimiento judicial creyendo que tenemos toda la razón y que podemos demostrarlo, y llevarnos la desagradable sorpresa de que no es así, con graves consecuencias morales y económicas.

(Por Miguel Cáceres Sánchez)




COMENTARIOS A LA “LEY DE TASAS JUDICIALES”

LA LEY 10/2012, DE 20 DE NOVIEMBRE, “DE TASAS JUDICIALES”, Y LA JUSTICIA GRATUITA COMO MODO DE EVITAR EL PAGO DE LAS MISMAS.

La Ley 10/2012, de Tasas Judiciales establece en su art. 4.2 la exención de su pago en favor de “Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.”

Se supone que si a alguien se le reconoce el derecho a la AJG (en adelante AJG) es porque cumple los requisitos para ello de acuerdo con su normativa vigente.   ¿O es que cabe obtener el derecho a la AJG sin cumplir tales requisitos?

Muchos abogados, entre los que me encuentro, hemos acudido muy raras veces (me sobran dedos de una mano para contarlas) al procedimiento de obtención de AJG para nuestro cliente.   Pero la posibilidad de que éste se vea exento de pagar la maldita tasa judicial provoca que tengamos que estudiar bien esta ley, por ver si pese a sus estrechos cauces podemos conseguirlo.

La concesión del beneficio de la AJG viene regulada en la Ley 1/1996 (en adelante LAJG) y su Reglamento aprobado por RD 996/2003 (en adelante RAJG), cuyo ámbito de aplicación es para todo tipo de procesos ante juzgados y tribunales con jurisdicción en todo el territorio nacional, o en el territorio de una comunidad autónoma que no haya recibido traspasos en materia de provisión de medios al servicio de la Administración de Justicia.   Ya sabemos que hay un proyecto de ley, o varios, circulando por ahí, que cambiarán algo las cosas, posiblemente para peor, pero de momento lo que tenemos es la ley vigente.   Y habrá que estar a lo que digan las diferentes normas promulgadas por las comunidades autónomas de Andalucía, Navarra, País Vasco, Galicia, Valencia, Canarias, Cataluña, Madrid y Asturias.

Veamos primero quiénes tienen derecho a la AJG, según la LAJG:

Podemos distinguir dos grandes grupos, según se encuentren en el supuesto del art. 3.1 o en el del art. 5 de la LAJG.

Primer grupo: AJG pura y dura.

Dice el art. 3.1 de la LAJG:

Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud.

El precepto es complejo.   El derecho a la AJG se reconoce a una persona en concreto, pero se hace referencia a los recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, lo cual no es cosa sencilla.

En cuanto al requisito de no superar el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud, es de tener en cuenta que el RDLey 3/2004, de 25 de junio, vino a sustituir el Salario Mínimo Interprofesional por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, o IPREM, a los efectos que aquí interesan, en su art. 2.   Se actualiza cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

ARTÍCULO 2. Establecimiento de un indicador público de renta de efectos múltiples.

1. Para que pueda utilizarse como indicador o referencia del nivel de renta que sirva para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos, y pueda sustituir en esta función al salario mínimo interprofesional, se crea el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

2. Anualmente, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se determinará la cuantía del citado indicador teniendo en cuenta, al menos, la previsión u objetivo de inflación utilizados en ella. Con anterioridad a la aprobación del proyecto de Ley anual de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno consultará a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas sobre la cuantía del IPREM.

No obstante lo anterior, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2006, el IPREM tendrá las siguientes cuantías:

a)    El IPREM diario, 17,75 euros.

b)    El IPREM mensual, 532,51 euros.

c)      El IPREM anual, 6.390,13 euros.

d)    En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio (Nota bene: es decir, en esta norma), la cuantía anual del IPREM será de 7.455,14 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.390,13 euros.

3. A partir de la entrada en vigor de este real decreto ley, las referencias al salario mínimo interprofesional contenidas en normas vigentes del Estado, cualquiera que sea su rango, se entenderán referidas al IPREM, salvo las señaladas en el artículo 1 de este real decreto ley y en sus normas de desarrollo.

Para el año 2013 se establece un IPREM de 7.455,14€.   Por tanto el doble de tal cantidad es 14.910.28€.

La exigencia de que el solicitante forme parte de una unidad familiarcuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos no rebasen aquel tope es compleja de desarrollar.

Por unidad familiar se entiende, según el art. 3.2 LAJG:

a) La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores con excepción de los que se hallaren emancipados.

b) La formada por el padre o la madre y los hijos que reúnan los requisitos a que se refiere la regla anterior (es decir, menores de edad no emancipados).

Por tanto los hijos mayores de edad que convivan con sus padres no se integran en la unidad familiar, por lo que sus ingresos no se computan a efectos de obtener la AJG.

Así que gozarán de AJG los que formen parte de una unidad familiar, es decir los padres y los hijos menores de edad, cuyos recursos e ingresos económicos no superen la cantidad de 14.910,28€.   Pero aparte de los ascendientes, existan ambos o sólo uno, no parece muy fácil que los menores de edad no emancipados tengan ingresos de ningún tipo.   Así que en estos casos podría entenderse que si existen ambos ascendientes habrá que computar los ingresos de ambos, y si existe sólo uno habrá que computar meramente sus ingresos.   La referencia a la unidad familiar parece entonces más bien un canto al Sol.

La expresión recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos plantea también problemas de interpretación, pues se discute si han de ser brutos o netos.    El Decreto 29/2001, de 30 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, de la Comunidad Valenciana entiende expresamente que se trata de ingresos brutos.

El apartado II. A) de su Exposición de Motivos contiene algo sorprendente.   Dice así:

A) Así, en lo relativo al reconocimiento del derecho, se consagra un criterio unánime de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad Valenciana, añadiendo la palabra «brutos» a los recursos e ingresos económicos de las personas físicas solicitantes de derecho de asistencia jurídica gratuita, para su cómputo.  Las razones son obvias: la comparación con el salario mínimo interprofesional, cuantificado en bruto, así como con otras fuentes de ingresos, como pueden ser los profesionales, que también se computan en bruto.

Y en coherencia, el art. 2 en su párrafo primero dispone:

Artículo 2.

A los efectos del presente reglamento, se entenderá que para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita a que se refiere el artículo 3.1 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, deberán computarse en bruto, anualmente, por todos los conceptos y por unidad familiar, los recursos e ingresos económicos de los solicitantes.

Aunque la cosa se matiza en el párrafo siguiente:

Aún en los supuestos en que de la declaración del IRPF, correspondiente al último ejercicio fiscal, se desprenda un volumen de ingresos superior al doble del salario mínimo interprofesional, será reconocido el derecho cuando, en la fecha de la solicitud, se acredite documentalmente que la situación laboral y los ingresos del solicitante revelan insuficiencia de recursos para litigar.

Digo yo que para “brutos” los que redactaron la exposición de motivos y las subsiguientes normas expuestas.

Los ingresos por salario mínimo interprofesional (SMI) desde luego que han de computarse “en bruto”.   Es que no hay más que considerar, aparte del salario estricto.   Y si una persona percibe un salario que no supera el doble del SMI tampoco hay más que considerar.   Pero todo esto no tiene nada que ver con el caso de una persona “cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente”, porque quién percibe meramente un salario no tiene normalmente los gastos que ha de soportar quién percibe recursos e ingresos no salariales, especialmente si se trata de ingresos profesionales.

Porque no es lo mismo una familia en la que el padre, madre, o entre ambos, no alcanzan una renta por salarios superior a 14.910,28€, que otra en la que el padre, la madre, o ambos, tienen un negocio o ejercen una profesión cuyos ingresos brutos superan con mucho esa cifra, pero que deducidos los gastos necesarios para obtenerlos (los que el IRPF permite) deja reducido el beneficio o ingreso neto a menor cantidad.

La lógica conduce precisamente a lo contrario de lo que los “brutos” que han redactado las normas vistas afirman.    Lo lógico es que en el caso de recursos o ingresos no salariales, como los de un trabajador autónomo, o los de un profesional, se deduzcan los gastos que fiscalmente son deducibles de su renta, sencillamente porque son necesarios para obtenerla, y ha de ser la renta líquida o base imponible resultante la que debe ser tenida en cuenta a la hora de determinar si esa persona tiene o no recursos económicos suficientes para litigar.   Y si su renta “líquida” es inferior al doble del SMI, hoy IPREM, debe reconocérsele el derecho, pues de otro modo se establece un cierto agravio comparativo con el que percibe rentas puramente salariales.    Como digo, la lógica indica que los “brutos” son los redactores.

Lo mismo ocurre con el Decreto 269/2008, de 6 noviembre, de reglamentación de Asistencia Jurídica gratuita de Galicia 2008.   Su artículo 1.5 dispone:

5. A los efectos del presente reglamento, se entenderá que para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita a que se refiere el artículo 3.1 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, deberán computarse en bruto, anualmente, por todos los conceptos y por unidad familiar, los recursos e ingresos económicos de las personas solicitantes.

El decreto 110/2012, de 19 de junio, de Asistencia Jurídica Gratuita, de la Comunidad Vasca nada dice al respecto.   Tampoco el decreto 57/1998, de 28 de abril, por el que se regulan la composición y el funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de Canarias, así como el procedimiento para el reconocimiento de la misma.   El decreto foral 17/2012, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita Aplicable en la Comunidad Foral de Navarra tampoco dice nada, salvo en el impreso que acompaña como anexo, que refiere ingresos brutos.   Tampoco el Decreto 86/2003, de 19 junio, asistencia jurídica gratuita, de la Comunidad de Madrid.   Lo mismo el Decreto 273/2007, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias, y el Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Nota bene: En el proyecto de ley de AJG que circula SE INCLUYE ESTO DE LOS INGRESOS BRUTOS.   La brutalidad se extiende como el aceite.

De todos modos ignoro el criterio que siguen las diversas Comisiones de AJG en las distintas comunidades autónomas.

El párrafo segundo del artículo 2 de la LAJG permite tener en cuenta si la situación laboral y los ingresos del solicitante revelan insuficiencia de recursos para litigar.    La referencia a la situación laboral es irrelevante, pues como hemos dicho, las rentas salariales no plantean problema.   Son los ingresos no salariales los que lo plantean.   Sin embargo la norma no regula bien el asunto, pues nada aclara decir que se tendrá en cuenta si los ingresos del solicitante revelan insuficiencia de recursos para litigar.   ¿Cómo pueden tenerse en cuenta?   Pues ni más ni menos que teniendo en cuenta los gastos necesarios para obtener los recursos, y si el líquido es menor que el doble del IPREM, habrá derecho a obtener la AJG.    Sobra lo de “brutos” por tanto en la norma valenciana, y nos queda un regusto como que lo que pretendió el Gobierno Valenciano fue ni más ni menos que endurecer la norma para que goce de la AJG cuanta menos gente mejor.

Lo anterior viene matizado además por lo que se dispone en el art. 4 LAJG.

Artículo 4. Exclusión por motivos económicos

A los efectos de comprobar la insuficiencia de recursos para litigar, se tendrá en cuenta además de las rentas y otros bienes patrimoniales o circunstancias que declare el solicitante, los signos externos que manifiesten su real capacidad económica, negándose el derecho a la asistencia jurídica gratuita si dichos signos, desmintiendo la declaración del solicitante, revelan con evidencia que éste dispone de medios económicos que superan el límite fijado por la Ley.

La circunstancia de ser el solicitante propietario de la vivienda en que resida habitualmente, no constituirá por sí misma obstáculo para el reconocimiento del derecho, siempre que aquélla no sea suntuaria.

Resulta difícil imaginar cómo puede la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita (en adelante la Comisión), que es el órgano inicialmente responsable de reconocer el derecho al ciudadano (cabe la resolución judicial posterior), averiguar sus signos externos.    Determinar además si revelan con evidencia que el solicitante dispone de medios económicos superiores al límite legal queda al arbitrio de la Comisión.

Como igual queda determinar si la vivienda que ocupa el ciudadano es suntuaria o no.   El diccionario de la RAE define suntuario como lujoso.   Otra cuestión que queda al arbitrio de la Comisión.

Segundo grupo: Además de las personas a que se refiere el art. 3.1, la LAJG, en su artículo 5 regula otros supuestos.   Es lo que podemos llamar segunda vía de acceso a la AJG:

Artículo 5.

En atención a las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo, estado de salud, obligaciones económicas que sobre él pesen, costes derivados de la iniciación del proceso u otras de análoga naturaleza, objetivamente evaluadas, y, en todo caso, cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ante la que se presente la solicitud podrá conceder excepcionalmente, mediante resolución motivada, el reconocimiento del derecho a las personas cuyos recursos e ingresos, aun superando los límites previstos en el artículo 3, no excedan del cuádruplo del salario mínimo interprofesional.

Es muy importante destacar que conforme con esta norma no se computan la totalidad de los ingresos de la unidad familiar, sino solamente los del solicitante.   Por tanto, teóricamente, podría darse el caso de que la esposa obtuviera unos ingresos salariales de más del cuádruplo del IPREM, y sin embargo el esposo podría solicitar la AJG (otra cosa es que la obtenga) si cumple los requisitos de la norma.

A diferencia del supuesto previsto en el art. 3 LAJG, en el que el solicitante puede ser cualquiera de los miembros de la unidad familiar, aunque ya hemos visto que eso parece difícil en el caso de hijos menores de edad, en este art. 5 sólo se reconoce el derecho a solicitar la AJG al ascendiente.

Por otro lado, leyendo la norma al revés se entiende mejor, aunque leída en su conjunto no se acaba de entender muy bien, por lo confuso de su redacción.

La norma contempla varios supuestos que solamente tienen un requisito común: Que los recursos e ingresos del solicitante no superen el cuádruplo del IPREM (29.820,56€ para 2013).

Primer supuesto: Que el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial.    Este concepto último no está nada claro.

La ley 40/2003, de 18 de noviembre de Protección a las Familias Numerosas (en adelante LPFN) establece en sus arts. 2 a 4 el concepto de familia numerosa y su clasificación en dos categorías, general y especial:

Artículo 4. Categorías de familia numerosa.

1. Las familias numerosas, por razón del número de hijos que reúnan las condiciones de los artículos 2 y 3 de esta Ley, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:

a. Especial: las de cinco o más hijos y las de cuatro hijos de los cuales al menos tres procedan de parto, adopción o acogimiento permanente o preadoptivo múltiples.

Nota bene: Me resulta incomprensible esta norma.   Si de los cuatro hijos tres proceden de parto, adopción o acogimiento permanente o preadoptivo múltiples, ¿de dónde más puede proceder el cuarto hijo?   ¿De París?

b. General: las restantes unidades familiares.

2. No obstante, las unidades familiares con cuatro hijos se clasificarán en la categoría especial cuando sus ingresos anuales de las mismas, divididos por el número de miembros que las componen, no superen en cómputo anual el 75 % del salario mínimo interprofesional vigente, incluidas las pagas extraordinarias.

3. Cada hijo discapacitado o incapacitado para trabajar, en los términos definidos en el apartado 5 del artículo 2, computará como dos para determinar la categoría en que se clasifica la unidad familiar de la que forma parte.

Ahora bien, cuando la LPFN habla de hijos no los identifica a los menores de edad.

Los hijos son tenidos en cuenta a efectos de constituir una familia numerosa cuando cumplen los requisitos que se establecen en el art. 3.

Artículo 3. Condiciones de la familia numerosa.

1. Para que se reconozca y mantenga el derecho a ostentar la condición de familia numerosa, los hijos o hermanos deberán reunir las siguientes condiciones:

a. Ser solteros y menores de 21 años de edad, o ser discapacitados o estar incapacitados para trabajar, cualquiera que fuese su edad.

Aquí hay que tener en cuenta el art. 2.5 LPFN:

5. A los efectos de esta Ley, se entenderá por discapacitado aquel que tenga reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 % y por incapaz para trabajar aquella persona que tenga reducida su capacidad de trabajo en un grado equivalente al de la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

Y sigue diciendo el art. 3.1.a LPFN:

Tal límite de edad se ampliará hasta los 25 años de edad, cuando cursen estudios que se consideren adecuados a su edad y titulación o encaminados a la obtención de un puesto de trabajo.

b. Convivir con el ascendiente o ascendientes, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2.2.c para el supuesto de separación de los ascendientes. Se entenderá en todo caso que la separación transitoria motivada por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares no rompe la convivencia entre padres e hijos, en los términos que reglamentariamente se determinen.

c. Depender económicamente del ascendiente o ascendientes.

Se considerará que se mantiene la dependencia económica cuando:

1.- El hijo obtenga unos ingresos no superiores, en cómputo anual, al salario mínimo interprofesional vigente, incluidas las pagas extraordinarias.

2.- El hijo esté incapacitado para el trabajo y la cuantía de su pensión, si la percibiese, no exceda, en cómputo anual, al salario mínimo interprofesional vigente, incluidas las pagas extraordinarias.

3.- El hijo contribuya al sostenimiento de la familia y exista un único ascendiente, si éste no está en activo, en los casos y condiciones que reglamentariamente se determinen.

4.- El hijo contribuya al sostenimiento de la familia y el padre y/o la madre estén incapacitados para el trabajo, jubilados o sean mayores de 65 años de edad, siempre que los ingresos de éstos no sean superiores en cómputo anual, al salario mínimo interprofesional vigente, incluidas las pagas extraordinarias.

2. Los miembros de la unidad familiar deberán ser españoles o nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de alguno de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y tener su residencia en territorio español, o, si tienen su residencia en otro Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, al menos, uno de los ascendientes de la unidad familiar ejerza una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en España.

Los miembros de la unidad familiar, nacionales de otros países, tendrán, a los efectos de esta Ley, derecho al reconocimiento de la condición de familia numerosa en igualdad de condiciones que los españoles, siempre que sean residentes en España todos los miembros que den derecho a los beneficios a que se refiere esta Ley, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y su normativa de desarrollo.

Y tiene su importancia alguna de las disposiciones del art. 2 LPFN:

Artículo 2. Concepto de familia numerosa.

1. A los efectos de esta Ley, se entiende por familia numerosa la integrada por uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean o no comunes.

2. Se equiparan a familia numerosa, a los efectos de esta Ley, las familias constituidas por:

a. Uno o dos ascendientes con dos hijos, sean o no comunes, siempre que al menos uno de éstos sea discapacitado o esté incapacitado para trabajar.

b. Dos ascendientes, cuando ambos fueran discapacitados, o, al menos, uno de ellos tuviera un grado de discapacidad igual o superior al 65 %, o estuvieran incapacitados para trabajar, con dos hijos, sean o no comunes.

c. El padre o la madre separados o divorciados, con tres o más hijos, sean o no comunes, aunque estén en distintas unidades familiares, siempre que se encuentren bajo su dependencia económica, aunque no vivan en el domicilio conyugal.

En este supuesto, el progenitor que opte por solicitar el reconocimiento de la condición de familia numerosa, proponiendo a estos efectos que se tengan en cuenta hijos que no convivan con él, deberá presentar la resolución judicial en la que se declare su obligación de prestarles alimentos.

En el caso de que no hubiera acuerdo de los padres sobre los hijos que deban considerarse en la unidad familiar, operará el criterio de convivencia.

d. Dos o más hermanos huérfanos de padre y madre sometidos a tutela, acogimiento o guarda que convivan con el tutor, acogedor o guardador, pero no se hallen a sus expensas.

e. Tres o más hermanos huérfanos de padre y madre, mayores de 18 años, o dos, si uno de ellos es discapacitado, que convivan y tengan una dependencia económica entre ellos.

f. El padre o la madre con dos hijos, cuando haya fallecido el otro progenitor.

3. A los efectos de esta Ley, se consideran ascendientes al padre, a la madre o a ambos conjuntamente cuando exista vínculo conyugal y, en su caso, al cónyuge de uno de ellos.

Se equipara a la condición de ascendiente la persona o personas que, a falta de los mencionados en el párrafo anterior, tuvieran a su cargo la tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo de los hijos, siempre que éstos convivan con ella o ellas y a sus expensas.

4. Tendrán la misma consideración que los hijos las personas sometidas a tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo legalmente constituido.

Superado el galimatías expuesto, el acceso a la AJG y por tanto a la exención de la Ley de Tasas pasa por la previa obtención de un título de familia numerosa de categoría especial, y cuyos ingresos anuales (del solicitante de la AJG) no supere la cifra de 29.820,56€ para 2013.

Los demás supuestos previstos en el art. 5 son aquellos en que, siempre con el límite de los 29.820,56€ anuales, las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo, estado de salud, obligaciones económicas que sobre él pesen, costes derivados de la iniciación del proceso u otras de análoga naturaleza, objetivamente evaluadas permitan que la Comisión reconozca el derecho a la AJG.

No se entiende bien qué circunstancias de familia, en general, puedan ser distintas del número de hijos o familiares a su cargo, que es una circunstancia específica.   Podría ser el caso de quién mantiene a un familiar anciano, o varios, con él, y ello le represente un gasto extraordinario, como pueda ser el de personas que les cuiden.

El estado de salud es un concepto muy vago.   ¿Cómo ha de ser el estado de salud del solicitante para obtener la AJG?   ¿Cómo se gradúa el estado de salud?

Las obligaciones económicas que pesen sobre el solicitante supongo que son distintas de las propias del mantenimiento de la familia.   Pueden referirse a deudas bancarias o de otro tipo.

En cuanto a los costes derivados de la iniciación del proceso, no imagino cuales puedan ser aparte de la tasa judicial.    Y esto es de vital importancia, pues si la tasa judicial resulta ser desproporcionadamente elevada en atención a los ingresos del solicitante (por ejemplo, ante unos ingresos mensuales de 2.485€, que estaría dentro del margen de los 29.820€ anuales, una tasa de 500€ puede ser considerada objetivamente desproporcionada), la Comisión puede entender que le corresponde la AJG.   Bueno, ¡de ilusión también se vive!

Y por último, las circunstancias de análoga naturaleza, ¡échale imaginación!

El párrafo siguiente del mismo artículo 5 contiene otros supuestos en que el solicitante puede obtener la AJG, y que son muy interesantes.

En las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior, se podrá reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las personas con discapacidad señaladas en el artículo 1.2 de la “Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad”, así como a las personas que los tengan a su cargo cuando actúen en un proceso en su nombre e interés.

Las mismas condiciones se entiende que son las de aquellas personas cuyos recursos e ingresos, aun superando los límites previstos en el artículo 3, no excedan del cuádruplo del salario mínimo interprofesional, es decir 29.820,56€ para 2013.

El art. 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación, y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, dice:

2. Son personas con discapacidad aquellas que presenten deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Y el párrafo tercero del art. 1.2 de esta ley añade:

Ello no obstante, a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. En todo caso, se considerarán que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Los efectos de esta ley no contemplan la justicia gratuita.   Por tanto, para obtener la AJG, y consiguientemente verse exento del pago de la tasa judicial bastaría con cumplir los requisitos del párrafo primero del apartado 2, es decir tener algún grado de discapacidad, sin necesidad de alcanzar un grado mínimo de incapacidad del 33 por ciento.   El ISSORM (en Murcia; organismo equivalente en otras autonomías) puede perfectamente reconocer una incapacidad inferior al 33 por ciento.

En síntesis podemos decir que el grupo de personas a que se refiere el art. 5 LAJG han de reunir las siguientes características:

- En todo caso, tener ingresos o recursos que no excedan del cuádruplo del IPREM.

- Que sus circunstancias de familia, número de hijos o familiares a su cargo, estado de salud, obligaciones económicas que sobre él pesen, costes derivados de la iniciación del proceso u otras de análoga naturaleza, objetivamente evaluadas merezcan a juicio de la Comisión la concesión del beneficio.

- Cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial.

- Que presente algún tipo de discapacidad, o tenga a su cargo a alguien que la padezca cuando actúen en el proceso en su nombre e interés.

En estos casos particulares del art. 5 de la LAJG, no se prevé que el beneficio pueda ser completo, es decir comprensivo de todos los que enumera el art. 6.

El párrafo tercero del art. 5 de la LAJG dice:

En tales casos, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente determinará expresamente qué beneficios de los contemplados en el artículo 6, y en qué proporción, son de aplicación al solicitante.

Los beneficios de la AJG son los siguientes:

Artículo 6. Contenido material del derecho

El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones:

1. Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión.

2. Asistencia de abogado al detenido o preso que no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido o preso no hubiere designado Letrado en el lugar donde se preste.

3. Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.

4. Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales.

5. Exención del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos.

6. Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas.

Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que se trate, no fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las Administraciones públicas, ésta se llevará a cabo, si el Juez o el Tribunal lo estima pertinente, en resolución motivada, a cargo de peritos designados de acuerdo a lo que se establece en las leyes procesales, entre los técnicos privados que correspondan

7. Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, en los términos previstos en el artículo 130 del Reglamento Notarial.

8. Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales no contemplados en el número anterior, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.

9. Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.

10. Los derechos arancelarios a que se refieren los apartados 8 y 9 de este artículo no se percibirán cuando el interesado acredite ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional.

Se supone que los beneficiarios del art. 5 no pueden obtener todos estos beneficios, sino sólo algunos, y además no necesariamente al ciento por ciento cada uno de ellos, sino en parte (proporción).

Pero es de tener en cuenta que la Ley de Tasas Judiciales no contempla la posibilidad del pago parcial de la tasa.   La Comisión no podrá decir que el solicitante paga la tasa judicial solamente en parte o determinada proporción.  Por tanto teóricamente bastaría con que la Comisión concediera la AJG tan sólo en un 1% de cualquiera de sus beneficios para que entrara en juego lo dispuesto en el art. 4.2 de la Ley de Tasas Judiciales:

2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:

a) Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.

La cuestión es cuál será la actitud de la Comisión ante un caso en que se reconozca al solicitante una incapacidad mínima, o inferior al 33%.   No cabe duda de que la llave para que muchos ciudadanos con incapacidad inferior a tal porcentaje se libren del pago de la tasa la tiene la Comisión.   Pero recordemos que la Comisión de competencia territorial autonómica está formada, en general, con diversos matices, por los Decanos de los Colegios de Abogados y Procuradores, un miembro del Ministerio Fiscal, y dos funcionarios de la Administración autonómica.   Si los componentes tienen un criterio favorable a la concesión del beneficio y deciden por mayoría (art. 26.4 de la LRJAPPAC, a la que se remite el art. 11 LAJG), la puerta de acceso para evitar la tasa judicial se amplía.   Si los Decanos están a favor de concederla y los dos funcionarios de la Administración no, la llave la tiene el representante del Ministerio Fiscal.   Y en definitiva, si se deniega la AJG, la tendrá el juez que conozca del recurso que puede interponer el solicitante, que será el que por reparto corresponda (art. 20 LAJG).   Serán dos ocasiones de oro para que los dignos representantes del Ministerio Fiscal y los ilustrísimos y excelentísimo jueces pongan en práctica su postura ante la Ley de Tasas judiciales en forma coherente con lo manifestado públicamente por sus diversas organizaciones.

Para terminar con este apartado es de reseñar que el artículo 12 de la LAJG contiene otras normas de interés.   La primera es que si son varios litigantes, cada uno ha de solicitar la AJG por separado (art. 12), lo cual no es problema.

Las dos normas siguientes merecen estudio.  Dicen:

Cuando con arreglo a las leyes procesales, los solicitantes deban litigar bajo una sola defensa o representación, deberán computarse, a efectos del reconocimiento del derecho, la totalidad de los ingresos y haberes patrimoniales de los solicitantes.   En este caso, si se acreditara que los ingresos y haberes patrimoniales de cada uno de los solicitantes no sobrepasan el doble del salario mínimo interprofesional, se procederá a nombrar abogado y, en su caso, procurador del turno de oficio que deberán asumir la representación y defensa conjunta de todos ellos.

Si se acreditara que los ingresos y haberes patrimoniales de cada uno de los solicitantes superan el doble del salario mínimo interprofesional pero no alcanzan el cuádruple, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá determinar cuáles de los beneficios establecidos en el artículo 6 se otorgarán a los solicitantes.

El primer inciso del primero de estos dos párrafos contempla un supuesto que ya no existe.   Sólo se daba, con carácter imperativo, en la LEC de 1881, en sus artículos 524, 1114, 1119, 11150 y 1276.   No hay que olvidar que la LAJG es anterior a la vigente LEC.

En ésta, que yo sepa (si alguien apunta otra cosa lo aceptaré) sólo se contempla la posibilidad de tener una misma defensa y representación en el caso del art. 750 (divorcio y separación de mutuo acuerdo), pero con carácter potestativo.

Por tanto el segundo párrafo de los dos anteriores tampoco resulta de aplicación, pues está en función del primero.

Así que si litigan bajo una misma representación y dirección letrada, por ejemplo, la madre y los hijos mayores de edad, por fallecimiento del padre, no han de computarse la totalidad de los ingresos y haberes patrimoniales de los solicitantes, porque no es un deber impuesto por la ley procesal.

Con esto terminamos el apartado referente a quiénes pueden obtener la AJG.

Veamos ahora el procedimiento para obtenerla.

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Es importante tener en cuenta que conforme con el art. 8 de la LAJG la solicitud de AJG ha de presentarse ANTES DE LA DEMANDA.    Salvo que se acredite ante la Comisión que las circunstancias y condiciones necesarias para obtenerla sobrevinieron con posterioridad a la demanda o contestación, respectivamente, lo cual puede resultar difícil.

Las diversas normas autonómicas contienen variaciones a este respecto.

Si se quiere solicitar la AJG para la segunda instancia, la ley exige que el solicitante ha de acreditar que las circunstancias y condiciones necesarias para obtener la AJG han sobrevenido en el curso de la primera instancia.

La misma regla rige con respecto a la casación civil, debe acreditarse que las circunstancias sobrevinieron durante la segunda instancia.

Es conveniente que en la solicitud se autorice a la Comisión para que obtenga la confirmación de los datos que consten en la documentación presentada con la misma, mediante los procedimientos de transmisión de datos a que se refiere el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificaciones por los ciudadanos.

La solicitud se presenta en lugar distinto, según se encauce por la vía del art. 3 o por la vía del art. 5 de la LAJG.

El art. 12 LAJG indica dónde ha de cursarse la solicitud por vía del art. 3: en el Colegio de Abogados del lugar en que se halle el Juzgado ante el que se pretende actuar; o ante el Juzgado del domicilio, pero éste traslada la petición al Colegio de Abogados (art. 12).

La LAJG no dice nada respecto de la solicitud que se cursa por vía del art. 5, pero sí el art. 9.2 del RAJG estatal: Se presenta directamente ante la Comisión:

2. Cuando el interesado fundamente su pretensión en las circunstancias excepcionales previstas en el artículo 5 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para obtener el reconocimiento del derecho, la solicitud se presentará directamente ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que resolverá determinando cuáles de los beneficios del artículo 6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, y con qué alcance, son de aplicación al solicitante.

El art. 13 LAJG indica los requisitos de la solicitud:

Artículo 13. Requisitos de la solicitud

En la solicitud se harán constar, acompañando los documentos que reglamentariamente se determinen para su acreditación, los datos que permitan apreciar la situación económica del interesado y de los integrantes de su unidad familiar, sus circunstancias personales y familiares, la pretensión que se quiere hacer valer y la parte o partes contrarias en el litigio, si las hubiere.

El RAJG estatal establece en su art. 8 que aquellos documentos son los que se indican en el modelo normalizado que acompaña como anexo 1.1.   El problema es el trajín que ha de llevar el cliente para obtenerlos.   Algunas comunidades autónomas tienen esto informatizado, como Madrid.

Por otro lado, si se solicita ante la Comisión directamente no veo que no pueda formularse en un escrito razonado distinto del formulario, sin perjuicio de que se acompañe éste.

La concesión de la AJG por vía del art. 3 de la LAJG tiene dos fases: En la primera interviene el Colegio de Abogados; en la segunda la Comisión, que es el órgano que en definitiva reconoce el derecho a la AJG.

Conforme con el art. 15 LAJG el Colegio de Abogados recibe la solicitud y puede entender que el solicitante está dentro del ámbito definido en el art. 2 o que no lo está.

El ámbito definido en el art. 2 es meramente personal, es decir si se trata de ciudadano español, o es nacional de estado miembro de la Unión Europea, etc.   Parece que en principio no le corresponde al Colegio de Abogados apreciar si el solicitante tiene derecho o no a la AJG, sino a la Comisión.   La intervención del Colegio de Abogados parece justificada por la necesidad de proceder de inmediato a la designación provisional de abogado y procurador.

Pero en realidad le corresponde controlar la documentación que debe acompañar a la solicitud y si de ella se deduce que el solicitante acredita o no insuficiencia de recursos para litigar.

Porque el art. 2 dice que corresponde el derecho a la AJG a:

Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Es decir que el Colegio no sólo comprobaría que el solicitante es un ciudadano español, sino si acredita o no insuficiencia de recursos para litigar.

Otros artículos de la Ley parecen confirmar que el Colegio ha de revisar si el solicitante tiene o no derecho a la AJG:

Artículo 13. Requisitos de la solicitud

En la solicitud se harán constar, acompañando los documentos que reglamentariamente se determinen para su acreditación, los datos que permitan apreciar la situación económica del interesado y de los integrantes de su unidad familiar, sus circunstancias personales y familiares, la pretensión que se quiere hacer valer y la parte o partes contrarias en el litigio, si las hubiere.

Artículo 14. Subsanación de deficiencias

Si el Colegio de Abogados constatara que existen deficiencias en la solicitud o que la documentación presentada resulta insuficiente, lo comunicará al interesado, fijando con precisión los defectos o carencias advertidas y las consecuencias de la falta de subsanación, requiriéndole para que la complete en el plazo de diez días hábiles.

Artículo 15. Designaciones provisionales y traslados

Si de la solicitud y sus documentos justificativos resulta acreditado que el peticionario se encuentra incluido en el ámbito definido en el artículo 2 de esta Ley, el Colegio de Abogados, subsanados los defectos advertidos, procederá en el plazo máximo de quince días, contado a partir de la recepción de la solicitud por dicho Colegio o de la subsanación de los defectos, a la designación provisional de abogado, comunicándolo inmediatamente al Colegio de Procuradores a fin de que, en caso de ser preceptivo, en el plazo máximo de tres días, se designe procurador que asuma la representación.

En el caso de que el Colegio de Abogados estimara que el peticionario no cumple las citadas condiciones, o que la pretensión principal contenida en la solicitud es manifiestamente insostenible o carente de fundamento, notificará en el plazo de cinco días al solicitante que no ha efectuado el nombramiento provisional de abogado previsto en el párrafo anterior y trasladará la solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

Del expediente correspondiente y las designaciones provisionales efectuados, se dará traslado en el plazo de tres días a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a los efectos de su verificación y resolución.

Es evidente que si la Comisión verifica, o no, la primera palabra la tiene el Colegio de Abogados.   Será otra ocasión de oro para que se lleve a la práctica lo que se ha manifestado en contra de la Ley de Tasas.   Si se abre la mano se lucha contra la Ley de Tasas.

En el caso de que el Colegio de Abogados no dictara resolución alguna en el plazo de quince días, el solicitante podrá reiterar su solicitud ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, la cual, de modo inmediato, recabará el expediente al Colegio de Abogados ordenando, al mismo tiempo, la designación provisional de abogado y procurador, si éste fuera preceptivo, y seguirá, posteriormente, el procedimiento fijado en el artículo 17 de esta Ley.

Podemos prescindir de todo lo referente al nombramiento de abogado y procurador, pues normalmente, en nuestro caso, el solicitante haría uso de la facultad que le concede el art. 28:

Artículo 28. Renuncia a la designación

Quienes tengan derecho en los términos previstos en esta Ley a la asistencia jurídica gratuita podrán, no obstante lo previsto en el artículo anterior, renunciar expresamente a la designación de abogado y procurador de oficio, nombrando libremente a profesionales de su confianza debiendo constar expresamente este extremo en la solicitud y afectando simultáneamente esta renuncia al abogado y procurador.

Claro que en tal caso hay que hacer lo que dispone el art. 27:

El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita llevará consigo la designación de abogado y, cuando sea preciso, de procurador de oficio … salvo que el profesional de libre elección renunciara por escrito a percibir sus honorarios o derechos ante el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita y ante el Colegio en el que se halle inscrito.

Es decir que con la solicitud habrá que presentar escrito del abogado y del procurador renunciando a percibir sus honorarios, tanto del cliente como del Colegio.    En tal caso el Colegio se limitaría a comprobar si el solicitante tiene derecho o no a obtener los demás beneficios de la AJG.

Entiendo que esto no es incompatible con la suscripción de un contrato de encargo de trabajo en el que se establezca que en caso de vencer en el pleito el abogado y el procurador obtengan un porcentaje de lo obtenido, en concepto de honorarios y derechos respectivos.

El art. 16 de la LAJG regula los efectos de la solicitud respecto de la prescripción.   Normalmente no hay problema con esto, pues la prescripción la interrumpimos extrajudicialmente.

Según el art. 15 LAJG, presentada la solicitud en el Colegio de Abogados, éste habrá de nombrar abogado en el plazo de 15 días, si entiende que se dan las circunstancias exigidas para obtener la AJG.    En nuestro caso sobra este plazo, pues en la solicitud ya se diría que se renuncia a tal derecho.

Si el Colegio entiende que no se dan las circunstancias habrá de notificarlo al solicitante en el plazo de 5 días.

El párrafo tercero de este artículo dice: Del expediente correspondiente y las designaciones provisionales efectuados, se dará traslado en el plazo de tres días a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a los efectos de su verificación y resolución.

Se supone que los tres días se contarán desde que el Colegio de Procuradores comunique la designación de procurador.   Tampoco procede en nuestro caso.

Así que no teniéndose que nombrar ni abogado ni procurador, el Colegio debería remitir el expediente a la Comisión en 3 días, como máximo, o incluso antes.

Si el Colegio no resuelve nada en 15 días, el solicitante se dirige directamente a la Comisión, que requerirá el expediente al Colegio y continuará el trámite conforme al art. 17.

Según el art. 17, la Comisión ha de resolver en el plazo de 30 días desde que reciba el expediente.

El párrafo último del art. 17 dice:

Si el Colegio de Abogados no hubiera dictado ninguna resolución, el silencio de la Comisión será positivo, procediendo a petición del interesado el Juez o Tribunal que conozca del proceso o si la solicitud se realiza con anterioridad a la iniciación del mismo el Juez Decano competente, a declarar el derecho en su integridad y a requerir a los Colegios profesionales la designación provisional de abogado y procurador, en su caso. Ello sin perjuicio de lo que resulte de las eventuales impugnaciones contra tal estimación presunta.

Es interesante destacar que una vez declarado el derecho a la AJG por el Juez Decano o por el tribunal que esté conociendo del proceso, sólo quienes sean parte legítima pueden impugnar la resolución, y entiendo que da igual que la resolución sea expresa o presunta por silencio positivo.   La Comisión no puede revisar de oficio su resolución.

El RAJG estatal matiza esto del silencio:

Caso en que se solicite la AJG al amparo del art. 3 de la Ley:

La decisión que adopte el Colegio se revisa por la Comisión, y si ésta no resuelve en el plazo de 30 días, la resolución del Colegio queda ratificada (art. 18.1 RAJG).

Si el Colegio no adoptó resolución alguna, el solicitante reitera su solicitud ante la Comisión, y ésta recaba del Colegio la inmediata remisión del expediente (y en su caso ordena el nombramiento provisional de abogado y procurador), y la Comisión tampoco resuelve en treinta días, la solicitud se entiende estimada (art. 18.2 RAJG).

Si se ha solicitado la AJG al amparo del art. 5, si la Comisión no resuelve en 30 días, se entiende estimada (art. 18.3 RAJG).

La estimación presunta por silencio administrativo se hace valer, según el art. 18.4 del RAJG, mediante el procedimiento establecido en el art. 43.4 de la LRJAPPAC (en el texto legal se dice por error 43.5, que no existe), que reza así:

4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días.

La resolución que alcance la Comisión ha de ser notificada al interesado en el plazo de 3 días, conforme con el art. 17.1 del RAJG.

Si la solicitud de AJG es rechazada por la Comisión, cabe impugnarla, conforme con el art. 20 de la LAJG:

Artículo 20. Impugnación de la resolución

Quienes sean titulares de un derecho o de un interés legítimo podrán impugnar las resoluciones que, de modo definitivo, reconozcan o denieguen el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Tal impugnación, para la que no será preceptiva la intervención de Letrado, habrá de realizarse por escrito y de forma motivada, en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución o desde que haya sido conocida por cualquiera de los legitimados para interponerla, ante el Secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Este remitirá el escrito de impugnación, junto con el expediente correspondiente a la resolución impugnada y una certificación de ésta, al Juzgado o Tribunal competente o al Juez Decano para su reparto, si el procedimiento no se hubiera iniciado.

Recibido el escrito de impugnación y los documentos y certificación a que alude el párrafo anterior, el Juez o Tribunal citará de comparecencia a las partes y al Abogado del Estado o al Letrado de la Comunidad Autónoma correspondiente cuando de ella dependa la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dentro de los ocho días siguientes y, tras oírles y practicar la prueba que estime pertinente en el plazo de los cinco días siguientes, dictará auto en el plazo de los cinco días siguientes manteniendo o revocando la resolución impugnada.

El Juez o Tribunal competente para conocer de la impugnación, en el auto por el que resuelva sobre la misma podrá imponer a quien la hubiere promovido de manera temeraria o con abuso de derecho, una sanción pecuniaria de cinco mil a cincuenta mil pesetas.

Contra el auto dictado por el Juez o el Tribunal no cabrá recurso alguno.

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La AJG en la Comunidad Valenciana viene regulada por el Decreto 29/2001, de 30 de enero, del Gobierno Valenciano.   Dispone el art. 23.3 de este Reglamento:

3. En el supuesto excepcional contemplado en el apartado 2 del artículo 9 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita aprobado por el Real Decreto 2.103/1996, de 20 de septiembre, la falta de resolución expresa de la Comisión en plazo dará lugar a que la solicitud pueda entenderse desestimada.

Resulta que en tal supuesto excepcional, que no es otro que el de los casos previstos en el art. 5 de la LAJG, el art. 17.3 del Reglamento estatal (RD 996/2003, de 25 de julio) establece justamente lo contrario, es decir, que se entenderá estimada.   Aunque el proyecto de ley de AJG cambia esto a desestimada.

Lo dispuesto por el Gobierno Valenciano vulnera el art. 43.1 de la LRJAPPAC, de obligado complimiento en los expedientes de AJG, según dispone el art. 11 de la ley reguladora, que dice así:

Artículo 43 Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.

Dado que el decreto valenciano no es una norma de carácter legal, la regulación del silencio administrativo negativo que contiene viene a confirmar nada más que lo ya dicho: que sus redactores son unos “brutos”.

En conclusión, en la Comunidad Valenciana es más difícil obtener la AJG que en otros lugares.   Habrá que ver si los miembros de su Comisión llevan a la práctica la postura mostrada en contra de la Ley de Tasas judiciales.

(Por Pedro A. García-Valcárcel Escribano, Fundador de GV&C)