EL DERECHO, SIN SENTIDO COMÚN, NO ES MÁS QUE UNA CONSTRUCCIÓN INTELECTUAL HUECA.

(Comentarios a la sentencia de la sala de lo civil del Tribunal Supremo, de fecha 13 de Septiembre de 2012)

Cuando estaba en primer curso de la Facultad de Derecho se me abrió un mundo nuevo con el Derecho Romano, debería decir con el Derecho Civil, y cuando llevado de mi entusiasmo hablaba con mi padre de estos temas, él, que no era jurista, a veces me decía: Eso que dices no es de sentido común, no creo que esté amparado por el Derecho.   Sabias palabras.   El Derecho, sin sentido común, no es más que una construcción intelectual hueca.

Con esta base de partida me enfrento a comentar, desde mi modestísima formación jurídica, en comparación con la que ostentan los magistrados de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, su sentencia referida en el título de estas notas.

Y comenzaré por el final, es decir, el resultado final a que llega la sentencia del Supremo: A los padres de un chico de quince años, que tras un accidente de tráfico quedó en estado vegetativo, y que falleció nueve meses más tarde, y a los que el Juzgado de Primera Instancia concedió una indemnización de 897.188,64€, el Tribunal Supremo la reduce a los siguientes conceptos y cantidades:

Por incapacidad temporal (tiempo de hospitalización y hasta su estabilización), 10.016,44€.

Por lesiones permanentes (secuelas: el estado vegetativo y el perjuicio estético), 2.765€, de cuya cantidad corresponden 2.705€ por las secuelas fisiológicas (el estado vegetativo), y 60€ (sí, sesenta euros) por las secuelas estéticas.

Por perjuicio económico consecuencia de las secuelas, 276,5€.

Por daños morales complementarios, al alcanzar la puntuación de sus secuelas los 100 puntos (el máximo posible de puntuación), 150€.

Por incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, 1.000€.

En total suma la indemnización a percibir por los padres, como herederos de su hijo, es decir por lo que habría correspondido al hijo, por todo concepto, la cantidad de 14.207,94€.

Sin duda compadecida la Sala por tan clamorosamente escasa suma, la incrementa en un diez por ciento, quedando el total definitivo a percibir por los padres en la cantidad de 15.628,73€.   Sin intereses.

No me cabe la menor duda de que cualquier persona, de cualquier condición y formación o nivel cultural, se escandaliza al leer lo anterior.

¿Cómo es posible que el Pleno de la Sala, constituido por DIEZ magistrados, haya suscrito por unanimidad tal cosa?

Ha sido posible porque, como a veces ocurre, las construcciones jurídicas, por muy correctas que parezcan técnicamente, resultan aberrantes en función del resultado al que llegan, pues no olvidemos que la función de los jueces es interpretar y aplicar la ley, pero ésta es, ante todo, un instrumento para hacer JUSTICIA, y si ese fin último no se cumple, la interpretación y aplicación que se haya hecho de la ley podrá ser todo lo aparentemente perfecta que se quiera, desde el punto de vista técnico, pero al final resulta ser una aberración.

Veamos el caso con más detalle.

Los padres reclamaron en su demanda como herederos de su fallecido hijo, es decir reclamando la indemnización que a él le hubiera correspondido por las lesiones que padeció.   El Juzgado de Primera Instancia les concedió una indemnización por importe de 897.188,64€, con intereses.   Recurrida en apelación la sentencia por la aseguradora condenada al pago, la Audiencia la revocó y además condenó a los padres al pago de las costas judiciales (les habría representado unos 70.000€).   El Tribunal Supremo revoca esta sentencia, pero rebaja la indemnización a la cantidad dicha de 15.628,73€, sin intereses ni costas de ninguna instancia.

En la sentencia del Supremo se parte de la afirmación, correctísima, de que el derecho de la víctima lesionada a ser indemnizado se adquiere en el momento de sufrir el accidente, aunque la determinación de su alcance, concreción y valoración, se obtiene con el alta médica.   Y se mantiene, correctamente, que ese derecho se transmite a los herederos de la víctima si fallece antes de reclamar judicialmente su importe.

Ahora bien, entiende la sentencia que dado que el fallecimiento se produjo como consecuencia del mismo accidente y no por causa ajena al mismo, hay que tener en cuenta el corto tiempo que vivió la víctima con sus padecimientos, en relación con la esperanza de vida que tenía (que no se dice), por lo que aplica una simple regla de tres, y como el resultado le parece exiguo (obvio) lo aumenta en un generoso diez por ciento, y así llega a la cifra de 15.628,73€.

Prescindiendo de las razones técnicas que la sentencia explicita para llegar a tan aberrante solución, que desde luego no comparto, y que no expongo aquí, dado que pretendo que las personas normales entiendan lo que digo, me resulta repugnante reducir el dolor humano a cifras.    Es verdad que parece ser que no hay más remedio, aunque sabemos que no se puede cuantificar el dolor en dinero ni en cualquier otra dimensión, y al fin y a la postre no queda más que indemnizar con dinero, lo cual es el sistema legal vigente en España y en todos los países civilizados.   Pero cuando la indemnización resultante es tan escandalosamente parca, la cosa se convierte en ofensiva.

Resulta curioso que con anterioridad a esta sentencia, el mismo tribunal dictó otra el 10 de diciembre de 2009 en un caso igual, es decir fallecimiento de la víctima, que quedó tetrapléjica, a los dos años del accidente, y antes de reclamar su indemnización, y sucesión de sus herederos en su derecho, y en tal caso se tuvo en cuenta su edad (61 años) y esperanza de vida, y se concedió a los herederos una indemnización de 421.456,30€, con intereses del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro, es decir el interés legal incrementado en un cincuenta por ciento, durante los dos primeros años desde la fecha del siniestro —5 de marzo de 1999—, y del 20% anual durante el resto, lo que vino a representar, a la fecha de la sentencia del Supremo, la cantidad de 781.955,87€, casi el doble del principal.

¿Por qué esa diferencia de trato?

Pues porque por razones técnicas el Tribunal Supremo alcanza distinta conclusión debido tan sólo a un hecho: Que el fallecimiento en el caso de la señora no tuvo nada que ver con el accidente, mientras que en el caso del muchacho su muerte fue causa directa del accidente.

No quiero entrar en el análisis de tal diferencia técnica, pues no escribo aquí para juristas, sino para gente del pueblo llano.   Pero sí diré que me reservo la ocasión para hacerlo más adelante.

Por cierto, se me olvidaba.   Este caso, conforme con la reciente Ley de Tasas Judiciales, hubiera costado a los padres la bonita suma de 34.917,43€.   No habrían percibido ni para pagar las tasas y encima habrían tenido que poner dinero, más lo que les costara el abogado y procurador, más de 100.000€ por ambos conceptos, tirando por bajo.

Por Pedro A. García-Valcárcel Escribano (socio fundador de GV&C)

 

 




NUEVA LEY DE TASAS JUDICIALES: ¿A QUIÉN LE VA A INTERESAR PLEITEAR?

La inminente aprobación de la LEY DE TASAS en el ámbito de la Administración de Justicia va a suponer un encarecimiento para el ciudadano en el acceso a la tutela judicial. A los gastos comunes de abogado y procurador, y ocasionalmente de Peritos, u otros profesionales como detectives, etc…, y la posibilidad de una condena en costas (que implica que el “perdedor” ha de pagar los gastos del pleito de la parte “vencedora”), hay que sumar ahora el pago de las tasas.

No es algo nuevo, pues desde hace unos años existe la obligación del pago de tasas judiciales, regulada en el art. 35 de la Ley de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social, pero con una importante diferencia respecto a la nueva Ley, y es que, hasta ahora, estaban exentas de pago las personas físicas, las entidades total o parcialmente exentas del impuesto de sociedades, y las entidades de reducida dimensión (aquellas cuyo importe neto de cifra de negocios sea inferior a ocho millones de euros). En la práctica, pues, no afectaba al ciudadano medio.

La prevista Ley de Tasas Judiciales no tiene “piedad”. Sólo están exentas las personas que tengan reconocido el derecho a la justicia gratuita (para lo que hay que cumplir unos requisitos muy restrictivos), y organismos de la Administración. Conforme al Proyecto de Ley, se establece una cantidad fija en función de la clase de procedimiento, así, por ejemplo, 150€ para un juicio Verbal (aquellos de cuantía inferior a 6.000€), y 300€ para un Juicio Ordinario.   Eso supone que, por ejemplo, para un pleito de 3000€ pongamos en reclamación de una indemnización a una aseguradora, el ciudadano tiene que pagar: tasa 150€; abogado 945€ más IVA; procurador 150€ más IVA; si necesita una pericial médica, otros 200€ más IVA; a lo que hay que añadir el riesgo de una condena en costas. Sólo si gana el pleito con costas para el contrario, se recuperará el coste de abogado, procurador y perito, pero no la tasa.   ¿realmente, a quién le va a interesar pleitear?  Los jueces van a esta muy tranquilos a partir de ahora, sólo tendrán que resolver los problemas de “los ricos” que, me temo, serán los únicos que tendrán de la tutela judicial.

ANTE ESTA SITUACIÓN, ¿CUAL ES NUESTRO CONSEJO?: PRIMERO, QUE SE ASESORE MUY BIEN DE LOS GASTOS QUE VA A TENER SU PLEITO EN CASO DE DECIDIRSE POR LA VÍA JUDICIAL; Y SEGUNDO, SI PUEDE, Y LA OTRA PARTE ESTÁ DISPUESTA, QUE ACUDA A LA “MEDIACIÓN”.

(Por Raquel García-Valcárcel R.C, Cofundadora de GV&C)