EL DERECHO, SIN SENTIDO COMÚN, NO ES MÁS QUE UNA CONSTRUCCIÓN INTELECTUAL HUECA.

(Comentarios a la sentencia de la sala de lo civil del Tribunal Supremo, de fecha 13 de Septiembre de 2012)

Cuando estaba en primer curso de la Facultad de Derecho se me abrió un mundo nuevo con el Derecho Romano, debería decir con el Derecho Civil, y cuando llevado de mi entusiasmo hablaba con mi padre de estos temas, él, que no era jurista, a veces me decía: Eso que dices no es de sentido común, no creo que esté amparado por el Derecho.   Sabias palabras.   El Derecho, sin sentido común, no es más que una construcción intelectual hueca.

Con esta base de partida me enfrento a comentar, desde mi modestísima formación jurídica, en comparación con la que ostentan los magistrados de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, su sentencia referida en el título de estas notas.

Y comenzaré por el final, es decir, el resultado final a que llega la sentencia del Supremo: A los padres de un chico de quince años, que tras un accidente de tráfico quedó en estado vegetativo, y que falleció nueve meses más tarde, y a los que el Juzgado de Primera Instancia concedió una indemnización de 897.188,64€, el Tribunal Supremo la reduce a los siguientes conceptos y cantidades:

Por incapacidad temporal (tiempo de hospitalización y hasta su estabilización), 10.016,44€.

Por lesiones permanentes (secuelas: el estado vegetativo y el perjuicio estético), 2.765€, de cuya cantidad corresponden 2.705€ por las secuelas fisiológicas (el estado vegetativo), y 60€ (sí, sesenta euros) por las secuelas estéticas.

Por perjuicio económico consecuencia de las secuelas, 276,5€.

Por daños morales complementarios, al alcanzar la puntuación de sus secuelas los 100 puntos (el máximo posible de puntuación), 150€.

Por incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, 1.000€.

En total suma la indemnización a percibir por los padres, como herederos de su hijo, es decir por lo que habría correspondido al hijo, por todo concepto, la cantidad de 14.207,94€.

Sin duda compadecida la Sala por tan clamorosamente escasa suma, la incrementa en un diez por ciento, quedando el total definitivo a percibir por los padres en la cantidad de 15.628,73€.   Sin intereses.

No me cabe la menor duda de que cualquier persona, de cualquier condición y formación o nivel cultural, se escandaliza al leer lo anterior.

¿Cómo es posible que el Pleno de la Sala, constituido por DIEZ magistrados, haya suscrito por unanimidad tal cosa?

Ha sido posible porque, como a veces ocurre, las construcciones jurídicas, por muy correctas que parezcan técnicamente, resultan aberrantes en función del resultado al que llegan, pues no olvidemos que la función de los jueces es interpretar y aplicar la ley, pero ésta es, ante todo, un instrumento para hacer JUSTICIA, y si ese fin último no se cumple, la interpretación y aplicación que se haya hecho de la ley podrá ser todo lo aparentemente perfecta que se quiera, desde el punto de vista técnico, pero al final resulta ser una aberración.

Veamos el caso con más detalle.

Los padres reclamaron en su demanda como herederos de su fallecido hijo, es decir reclamando la indemnización que a él le hubiera correspondido por las lesiones que padeció.   El Juzgado de Primera Instancia les concedió una indemnización por importe de 897.188,64€, con intereses.   Recurrida en apelación la sentencia por la aseguradora condenada al pago, la Audiencia la revocó y además condenó a los padres al pago de las costas judiciales (les habría representado unos 70.000€).   El Tribunal Supremo revoca esta sentencia, pero rebaja la indemnización a la cantidad dicha de 15.628,73€, sin intereses ni costas de ninguna instancia.

En la sentencia del Supremo se parte de la afirmación, correctísima, de que el derecho de la víctima lesionada a ser indemnizado se adquiere en el momento de sufrir el accidente, aunque la determinación de su alcance, concreción y valoración, se obtiene con el alta médica.   Y se mantiene, correctamente, que ese derecho se transmite a los herederos de la víctima si fallece antes de reclamar judicialmente su importe.

Ahora bien, entiende la sentencia que dado que el fallecimiento se produjo como consecuencia del mismo accidente y no por causa ajena al mismo, hay que tener en cuenta el corto tiempo que vivió la víctima con sus padecimientos, en relación con la esperanza de vida que tenía (que no se dice), por lo que aplica una simple regla de tres, y como el resultado le parece exiguo (obvio) lo aumenta en un generoso diez por ciento, y así llega a la cifra de 15.628,73€.

Prescindiendo de las razones técnicas que la sentencia explicita para llegar a tan aberrante solución, que desde luego no comparto, y que no expongo aquí, dado que pretendo que las personas normales entiendan lo que digo, me resulta repugnante reducir el dolor humano a cifras.    Es verdad que parece ser que no hay más remedio, aunque sabemos que no se puede cuantificar el dolor en dinero ni en cualquier otra dimensión, y al fin y a la postre no queda más que indemnizar con dinero, lo cual es el sistema legal vigente en España y en todos los países civilizados.   Pero cuando la indemnización resultante es tan escandalosamente parca, la cosa se convierte en ofensiva.

Resulta curioso que con anterioridad a esta sentencia, el mismo tribunal dictó otra el 10 de diciembre de 2009 en un caso igual, es decir fallecimiento de la víctima, que quedó tetrapléjica, a los dos años del accidente, y antes de reclamar su indemnización, y sucesión de sus herederos en su derecho, y en tal caso se tuvo en cuenta su edad (61 años) y esperanza de vida, y se concedió a los herederos una indemnización de 421.456,30€, con intereses del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro, es decir el interés legal incrementado en un cincuenta por ciento, durante los dos primeros años desde la fecha del siniestro —5 de marzo de 1999—, y del 20% anual durante el resto, lo que vino a representar, a la fecha de la sentencia del Supremo, la cantidad de 781.955,87€, casi el doble del principal.

¿Por qué esa diferencia de trato?

Pues porque por razones técnicas el Tribunal Supremo alcanza distinta conclusión debido tan sólo a un hecho: Que el fallecimiento en el caso de la señora no tuvo nada que ver con el accidente, mientras que en el caso del muchacho su muerte fue causa directa del accidente.

No quiero entrar en el análisis de tal diferencia técnica, pues no escribo aquí para juristas, sino para gente del pueblo llano.   Pero sí diré que me reservo la ocasión para hacerlo más adelante.

Por cierto, se me olvidaba.   Este caso, conforme con la reciente Ley de Tasas Judiciales, hubiera costado a los padres la bonita suma de 34.917,43€.   No habrían percibido ni para pagar las tasas y encima habrían tenido que poner dinero, más lo que les costara el abogado y procurador, más de 100.000€ por ambos conceptos, tirando por bajo.

Por Pedro A. García-Valcárcel Escribano (socio fundador de GV&C)

 

 




NUEVA LEY DE TASAS JUDICIALES: ¿A QUIÉN LE VA A INTERESAR PLEITEAR?

La inminente aprobación de la LEY DE TASAS en el ámbito de la Administración de Justicia va a suponer un encarecimiento para el ciudadano en el acceso a la tutela judicial. A los gastos comunes de abogado y procurador, y ocasionalmente de Peritos, u otros profesionales como detectives, etc…, y la posibilidad de una condena en costas (que implica que el “perdedor” ha de pagar los gastos del pleito de la parte “vencedora”), hay que sumar ahora el pago de las tasas.

No es algo nuevo, pues desde hace unos años existe la obligación del pago de tasas judiciales, regulada en el art. 35 de la Ley de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social, pero con una importante diferencia respecto a la nueva Ley, y es que, hasta ahora, estaban exentas de pago las personas físicas, las entidades total o parcialmente exentas del impuesto de sociedades, y las entidades de reducida dimensión (aquellas cuyo importe neto de cifra de negocios sea inferior a ocho millones de euros). En la práctica, pues, no afectaba al ciudadano medio.

La prevista Ley de Tasas Judiciales no tiene “piedad”. Sólo están exentas las personas que tengan reconocido el derecho a la justicia gratuita (para lo que hay que cumplir unos requisitos muy restrictivos), y organismos de la Administración. Conforme al Proyecto de Ley, se establece una cantidad fija en función de la clase de procedimiento, así, por ejemplo, 150€ para un juicio Verbal (aquellos de cuantía inferior a 6.000€), y 300€ para un Juicio Ordinario.   Eso supone que, por ejemplo, para un pleito de 3000€ pongamos en reclamación de una indemnización a una aseguradora, el ciudadano tiene que pagar: tasa 150€; abogado 945€ más IVA; procurador 150€ más IVA; si necesita una pericial médica, otros 200€ más IVA; a lo que hay que añadir el riesgo de una condena en costas. Sólo si gana el pleito con costas para el contrario, se recuperará el coste de abogado, procurador y perito, pero no la tasa.   ¿realmente, a quién le va a interesar pleitear?  Los jueces van a esta muy tranquilos a partir de ahora, sólo tendrán que resolver los problemas de “los ricos” que, me temo, serán los únicos que tendrán de la tutela judicial.

ANTE ESTA SITUACIÓN, ¿CUAL ES NUESTRO CONSEJO?: PRIMERO, QUE SE ASESORE MUY BIEN DE LOS GASTOS QUE VA A TENER SU PLEITO EN CASO DE DECIDIRSE POR LA VÍA JUDICIAL; Y SEGUNDO, SI PUEDE, Y LA OTRA PARTE ESTÁ DISPUESTA, QUE ACUDA A LA “MEDIACIÓN”.

(Por Raquel García-Valcárcel R.C, Cofundadora de GV&C)




EL SISTEMA SANITARIO EN ESPAÑA

El 90% de la asistencia sanitaria en España se materializa a través de Instituciones Sanitarias públicas o privadas.

Los servicios sanitarios autonómicos de salud (SAS, SMS, SMAS, SBS, etc, ,,,) que serían entidades públicas.

Son de carácter privado las compañías aseguradoras médicas como ASISA, SANITAS, ADESLAS, DKV, etc …

Estas instituciones sanitarias tienen los recursos necesarios para prestar asistencia a sus beneficiarios/asegurados: hospitales, consultorios, maquinaria y material médico, y lo más importante personal facultativo y sanitario.

También existe la posibilidad de acudir a un médico privadamente.  En este caso el paciente elige al médico y le paga sus honorarios directamente.

 

¿NEGLIGENCIA MÉDICA O SANITARIA?

En sentido amplio hablamos de negligencia sanitaria cuando en cualquier estrato del sistema sanitario se produce un fallo o una anomalía con consecuencias para el paciente.

En sentido estricto hablamos de negligencia médica para designar la mala actuación de un médico que causa un daño al paciente.

Podemos decir que toda negligencia médica es sanitaria pero no toda negligencia sanitaria es médica.

Las instituciones sanitarias, públicas o privadas, son responsables de organizar y dotar a su personal de suficientes recursos como para prestar una asistencia sanitaria de calidad. El incumplimiento de sus deberes puede causar daños directos a los pacientes como, por ejemplo, las indeseables listas de espera para cirugía y pruebas complementarias; daños producidos por máquinas en mal estado de funcionamiento, o, la masificación con la consiguiente rebaja de la calidad asistencial.

Los hospitales también han de estar bien gestionados y organizados pues de lo contrario se producirán daños consistentes en errores y retrasos diagnósticos por descoordinación entre servicios y en infecciones nosocomiales por incumplimiento de los protocolos de asepsia.

La labor del personal auxiliar es importantísima a la hora de evitar infecciones hospitalarias por falta de asepsia, o en el caso de los celadores son fundamentales para garantizar el adecuado traslado de los enfermos dentro del hospital lo que puede evitar retrasos vitales en urgencias, caídas de los pacientes y otros accidentes.

Sobre el personal de enfermería es fundamental para el control del estado del paciente y debe avisar al médico ante cualquier alteración  de sus constantes, además tienen  la responsabilidad de administrar los tratamientos y realizar las curas.

Su mala actuación puede dar lugar a que pasen desapercibidos episodios de gravedad (infartos, ictus, etc, …) por no avisar al médico a tiempo, y también se han dado casos de defectuosa administración de medicamentos.

Los médicos son la pieza fundamental del sistema, sus errores pueden ser fatales para el paciente.  Pueden causar daño por omisión mediante retrasos y errores diagnósticos y de tratamiento, o, por acción, normalmente en intervenciones quirúrgicas.  También pueden ser responsables por no informar correctamente al paciente antes de realizarle cualquier prueba invasiva o de las distintas alternativas de tratamiento.

Así pues, tenemos que en el ámbito de la prestación sanitaria no todo queda reducido al médico.

 

RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE

La confianza y el respeto entre el médico y el paciente es fundamental.  Debemos respetar y confiar en médicos y sanitarios, pero debemos exigir lo mismo de ellos.

El médico es el mejor aliado del paciente, quien más puede hacer por él.

Pero no se olvide que el enfermo y los familiares más próximos poseen información que el médico no tiene y que puede ser fundamental.

PREVENCIÓN DE NEGLIGENCIAS MÉDICAS

Si creen que se está minusvalorando la gravedad de la situación, intenten hacer  entender al facultativo o al sanitario – con toda la educación y la calma de que sean capaces-, que conocen al paciente y que pueden asegurarle que nunca antes han visto a su familiar en tal situación, y que nunca ha tenido tales síntomas de esa manera.  Eso forzará al médico o al sanitario a explicarles por qué no deben estar preocupados y para ello tendrá que repasar el caso mentalmente con lo que ya habremos ganado una segunda  valoración médica propia o de nuestro familiar.   Intenten hacerle entender que no le están criticando sino que quieren colaborar con él, facilitarle las cosas.

Si pese a ello no obtienen respuesta o la respuesta es insatisfactoria:

1.- Extremen la vigilancia sobre el paciente, y al menor empeoramiento avisen inmediatamente a enfermería, o vuelvan a llevar al paciente a urgencias.

2.-En el ámbito hospitalario acudan a “Atención al paciente” y formulen una queja contra la enfermera/o o contra el facultativo, explicando la situación y guarde siempre una copia sellada.  Hágalo tantas veces como sea necesario. Tenga en cuenta que eso dejará constancia de su actuación y de la sintomatología que presentaba el paciente.  Si no lo hace sólo quedará la versión de los hechos anotada en la historia clínica.

3.- En caso de desatención clara y grave, advierta de que va a acudir inmediatamente al Juzgado de Guardia para poner una denuncia por desatención; si no obtiene resultado, hágalo.

4.- Contacte inmediatamente con un abogado especializado ¡Se trata de evitar que la desatención médica tenga consecuencias!

5.- Guarde copia de toda la documentación posible.

 

ANTE UNA NEGLIGENCIA MÉDICA CONSUMADA

Contacte inmediatamente con un abogado especializado.

Él le ayudará a obtener toda la documentación médica necesaria para estudiar el caso.

No todas las “desatenciones” o comportamientos inadecuados causan daños al paciente.  El abogado no es médico, por esto le facilitará un perito médico de profesionalidad e independencia contrastada que estudie y valore el caso.

El perito puede informar en dos sentidos:

- La actuación médica fue correcta y el daño no es consecuencia de un mal hacer médico.  En cuyo caso, ud. habrá obtenido una explicación sobre el daño causado que a lo mejor no le han dado en el sistema de salud.

- La actuación médica fue incorrecta y causó el daño sufrido por el paciente. En tal caso habrá de plantearse si quiere reclamar o no quiere reclamar.

Si quiere reclamar será el momento de estudiar la vía de reclamación.

VÍAS DE RECLAMACIÓN

1.- Administrativa.-

Cuando la asistencia sanitaria se ha prestado en el ámbito público.   En esta vía no se puede reclamar contra el médico o contra el autor del daño, la Ley lo impide.  Es obligatorio dirigirse contra el Servicio autonómico de salud correspondiente.

Lo que se puede reclamar es una indemnización económica.

2.- Civil.-

Cuando la asistencia sanitaria ha sido prestada en el ámbito privado.  Se reclamará una indemnización económica.

3.- Penal.-

Reservada para los casos más graves tanto por el resultado dañoso como por la gravedad de la imprudencia.

Se puede reclamar penas de prisión e inhabilitación, y también la reparación económica del daño.

Su abogado le ayudará a decidir cuál es la vía que mejor se adapta a su caso.

POR MIGUEL CÁCERES SÁNCHEZ (Cofundador de GV&C)




YO TAMBIÉN FUI VÍCTIMA

En 1998 fui víctima de una negligencia médica.   Me tenían que extirpar unos pólipos en el colon.   El procedimiento a seguir sería por endoscopia, o colonoscopia, y según me dijo el médico era de menos importancia que sacarme una muela, y que podría irme a casa tranquilo esa misma tarde.

Sin embargo no fue así.

Uno de los pólipos estaba muy arraigado.   Según supe mucho más tarde, ante tal situación cabían dos posibilidades.    O intentar quitarlo, con el riesgo de perforar la pared del colon, o pasar a cirugía, abrir el abdomen, cortar el trozo de colon afectado y unir los extremos luego.   El médico no me preguntó.   Decidió él, y decidió seguir intentando quitar el pólipo.   Cuando terminó me dijo que me fuera a casa, que no cenara mucho, y me dio su número de móvil por si me pasaba algo.    ¡Demasiado bien sabía que me había perforado el colon!

A las cuatro de la madrugada me desperté ardiendo de fiebre.   Vomitaba y evacuaba a chorros.   Me sentía morir.   Se me había instalado una peritonitis fecal.

Trasladado en ambulancia a Urgencias de La Vega, el médico que me había intervenido acudió ¡y se negó a admitir que fuera peritonitis!   Se avisó al cirujano de guardia, que al verme cómo estaba se llevó las manos a la cabeza.  Yo estaba medio inconsciente, pero le entendí perfectamente cuando se puso a los pies de mi cama, mientras mi hija Raquel me ponía paños de agua fría en la frente, y me dijo: “Pedro, te voy a abrir y te voy a limpiar por dentro.   ¿Estás de acuerdo?”.   Naturalmente que dije que sí, y poco después me intervino.   Me quitó cuarenta centímetros del colon, que estaban podridos.   Me colocó un ano artificial, y durante cuatro meses tuve que llevar una bolsa de plástico colgando del costado.   Un infierno.

El médico que me causó la lesión, que no quiso reconocer, hasta el punto de oponerse a que me intervinieran de urgencia, aunque me hubiera muerto de peritonitis, confesaría más tarde a un colega: “Lo que más me fastidia es que este enfermo me ha roto la estadística”.

Desde entonces ya no fui el mismo, y además por diversos motivos, no relacionados con lo relatado, he tenido que entrar en un quirófano ya no sé cuantas veces, e ingresar en un hospital, UCI incluida, otro montón más.   Por eso conozco perfectamente cómo se siente un enfermo cuando entra en un hospital.    En ellos he visto cosas buenas y malas.   Gente maravillosa y gente despreciable.   Buenas y malas prácticas.

Siempre digo que la inmensa mayoría de los actos médicos que se realizan, desde una simple inyección hasta el trasplante más complicado, se llevan a cabo por profesionales altamente cualificados y responsables.   Pero hay una minoría de casos en que no es así; y otros en que pese a que el profesional pueda ser maravilloso, como humano que es se puede equivocar y causar un daño que pudo y debió evitar.   Son estos los que perseguimos.   Pero antes nos aseguramos muy bien de que realmente se trata de un caso de negligencia médica.   Nuestros resultados avalan esta forma de actuar: 92% de casos ganados en la jurisdicción civil.

 

Por Pedro A. García-Valcárcel Escribano (Cofundador de GV&C)




NEGLIGENCIAS MÉDICAS

Dentro del ámbito de la Responsabilidad Civil y Seguro destacan por su gran incidencia los casos de Negligencias médicas y accidentes de tráfico. Junto a la desorientación que rodea a las personas afectadas por una negligencia médica o un accidente de tráfico, se suma el desconocimiento y la preocupación por resolver la situación.

En García-Valcárcel & Cáceres nos sentimos orgullosos de poder asesorar y orientar a todos aquellos que se encuentran en un proceso judicial tan personal. Nuestra reconocida labor en este ámbito, nos lleva a ser un referente en el sector dentro y fuera de nuestra comunidad.