Es la Administración Sanitaria la obligada a aportar las pruebas documentales que constituyen la historia clínica, por facilidad probatoria. No puede presumirse la falta de responsabilidad en beneficio de la Administración.

En el presente caso, la gráfica del monitor cardiotocográfico no apareció unida a la historia clínica.   Sin embargo se habló de la existencia de DIPs tipo II, y se hizo una toma del pH.   No cabe suponer que todo fue bien, pese a que la niña nació con hipoxia cerebral que le causó parálisis.

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Mala atención al parto. Secuelas para la criatura.

En primera instancia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia consideró que se trataba de un caso de pérdida de oportunidad y concedió una indemnización de 300.000 €.

Formulado recurso de casación, el Tribunal Supremo entiende que no se trata de un caso de pérdida de oportunidad, sino de clara infracción de la lex artis, por lo que procede conceder la máxima indemnización que se concede en estos casos, 600.000 € (peculiaridad muy singular de la jurisdicción contencioso-administrativa).

El Tribunal Supremo entiende que es contrario a la lex artis poner un monitor y luego no avisar al ginecólogo de lo que muestra la gráfica.   Además no puede decirse que no se ha probado tal cosa basándose simplemente en lo que el médico y la matrona dicen recordar o no recordar, y por virtud del principio de la facilidad probatoria correspondía a la Administración demostrar lo ocurrido, perjudicándole la ausencia de prueba.

Texto de la sentencia del Tribunal Supremo