La ley de mediación, Caballo de Troya en la LEC

Que el Gobierno, sea del color que fuere, es un instrumento del poder económico, es algo que no ofrece duda.   Quién tiene el poder hace las leyes, y éstas son un medio para que el poder se afiance cada vez más.   El poder económico es EL PODER.

Antiguamente, cuando se hacía una ley era para un determinado objetivo, y nada más.   Hoy en día sin embargo, como ya denunciara hace años el gran jurista José-Federico de Carvajal, en un artículo que apareció en la revista de una editorial jurídica (no recuerdo cuál de ellas) y que titulaba El legislador español juega al escondite, puedes encontrarte con que cualquier ley contiene disposiciones adicionales, o incluso transitorias, que se apartan por completo del enunciado y del objeto de la norma.   Buena muestra de ello es el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, cuyo enunciado es por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, pero que en sus disposiciones adicionales y ¡transitorias! regula materias como la modificación de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 en lo referente a la compensación de las cuotas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica objeto de condonación en el año 2013, como consecuencia de la aplicación de los beneficios fiscales establecidos en el vigente Convenio de Cooperación para la Defensa con los Estados Unidos, de fecha 1 de diciembre de 1988, y otras materias a cual más dispar.

Lo anterior es anecdótico e incluso jocoso.    Pero lo que me trae aquí es el contenido de la disposición adicional tercera de la ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, por la que se modifican determinados artículos de la LEC.   Son muchos los artículos afectados: 19, 39, 63, 65, 66, 206, 335, 347, 395, 414, 415, 438, 440, 443, 517, 518, 539, 545, 548, 550, 556, 559, 576 y 580.   Pero no crea el lector que todas estas reformas se refieren a la mediación o son consecuencia o tienen relación con la ley de mediación.

Así por ejemplo, en la DA Doce, se dice:

Se añade una excepción 4.ª al apartado 3 del artículo 438, con la siguiente redacción:

«4.ª En los procedimientos de separación, divorcio o nulidad y en los que tengan por objeto obtener la eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas, cualquiera de los cónyuges podrá ejercer simultáneamente la acción de división de la cosa común respecto de los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa. Si hubiere diversos bienes en régimen de comunidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo solicitare, el tribunal puede considerarlos en conjunto a los efectos de formar lotes o adjudicarlos.»

Pero no es este el motivo que me mueve a escribir estas notas, ni responde al título que he dado a las mismas.  No quiero incurrir en el mismo vicio del legislador.

Lo que aquí importa, el Caballo de Troya a que hice referencia en el título es el contenido de la DA Veintidós, que dice así:

Se da nueva redacción al ordinal 3.º del apartado 1 del artículo 559:

«3.º Nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener la sentencia o el laudo arbitral pronunciamientos de condena, o porque el laudo o el acuerdo de mediación no cumpla los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución, o por infracción, al despacharse ejecución, de lo dispuesto en el artículo 520.»

El art. 559 LEC regula la sustanciación y resolución de la oposición a la ejecución por motivos procesales.  La redacción original del apartado 1.3º era:

 

3.      Nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener la sentencia o el laudo arbitral pronunciamientos de condena, no cumplir el documento presentado los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución, o por infracción, al despacharse ejecución, de lo dispuesto en el artículo 520 de esta Ley.

Es decir que se ha suprimido la posibilidad de que el deudor se oponga a la ejecución por motivos procesales en aquellos casos en que la ejecución se basa en cualquiera de los documentos que como títulos ejecutivos enumera el art. 217.2 en sus ordinales 4º, 5º, 6º y 7º, que son precisamente títulos para los que la ley exige varios requisitos, bastante complejos, para que puedan ser ejecutivos.

Así por ejemplo, si el título es una escritura pública y no es primera copia, o siendo segunda no se ha obtenido cumpliéndose los requisitos legales de ser dada en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quién debe perjudicar; o lo que es más frecuente, una póliza de préstamo bancario que no vaya intervenida por notario (antes llamado corredor de comercio) o no se acompañe de la preceptiva certificación, etc, etc.

En tales casos habrá que confiar en que el juez examine bien el título antes de despachar la ejecución, porque si se equivoca y despacha la ejecución indebidamente, lo cual es lamentablemente posible y no sería la primera vez, el deudor queda privado de la posibilidad de defenderse alegando la nulidad del título.  

¿Por qué tener que confiar en el juez cuando se trate de un documento de los contemplados en los ordinales 4º, 5º, 6º y 7º del art. 217.2, y sin embargo sí que quepa confiar al deudor el control de la legalidad de un laudo o un acuerdo de mediación, cuando son documentos cuyos requisitos legales son mucho menos complejos que aquellos?

No queda más respuesta que entender que tal supresión de los derechos de defensa del deudor es un Caballo de Troya introducido en la LEC por la Ley de Mediación, supresión que desde luego que nada tiene que ver con la mediación pero que beneficia extraordinariamente a los acreedores, de los que la inmensa mayoría son bancos, es decir EL PODER.   ¡Qué casualidad!




NUEVA LEY DE TASAS JUDICIALES: ¿A QUIÉN LE VA A INTERESAR PLEITEAR?

La inminente aprobación de la LEY DE TASAS en el ámbito de la Administración de Justicia va a suponer un encarecimiento para el ciudadano en el acceso a la tutela judicial. A los gastos comunes de abogado y procurador, y ocasionalmente de Peritos, u otros profesionales como detectives, etc…, y la posibilidad de una condena en costas (que implica que el “perdedor” ha de pagar los gastos del pleito de la parte “vencedora”), hay que sumar ahora el pago de las tasas.

No es algo nuevo, pues desde hace unos años existe la obligación del pago de tasas judiciales, regulada en el art. 35 de la Ley de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social, pero con una importante diferencia respecto a la nueva Ley, y es que, hasta ahora, estaban exentas de pago las personas físicas, las entidades total o parcialmente exentas del impuesto de sociedades, y las entidades de reducida dimensión (aquellas cuyo importe neto de cifra de negocios sea inferior a ocho millones de euros). En la práctica, pues, no afectaba al ciudadano medio.

La prevista Ley de Tasas Judiciales no tiene “piedad”. Sólo están exentas las personas que tengan reconocido el derecho a la justicia gratuita (para lo que hay que cumplir unos requisitos muy restrictivos), y organismos de la Administración. Conforme al Proyecto de Ley, se establece una cantidad fija en función de la clase de procedimiento, así, por ejemplo, 150€ para un juicio Verbal (aquellos de cuantía inferior a 6.000€), y 300€ para un Juicio Ordinario.   Eso supone que, por ejemplo, para un pleito de 3000€ pongamos en reclamación de una indemnización a una aseguradora, el ciudadano tiene que pagar: tasa 150€; abogado 945€ más IVA; procurador 150€ más IVA; si necesita una pericial médica, otros 200€ más IVA; a lo que hay que añadir el riesgo de una condena en costas. Sólo si gana el pleito con costas para el contrario, se recuperará el coste de abogado, procurador y perito, pero no la tasa.   ¿realmente, a quién le va a interesar pleitear?  Los jueces van a esta muy tranquilos a partir de ahora, sólo tendrán que resolver los problemas de “los ricos” que, me temo, serán los únicos que tendrán de la tutela judicial.

ANTE ESTA SITUACIÓN, ¿CUAL ES NUESTRO CONSEJO?: PRIMERO, QUE SE ASESORE MUY BIEN DE LOS GASTOS QUE VA A TENER SU PLEITO EN CASO DE DECIDIRSE POR LA VÍA JUDICIAL; Y SEGUNDO, SI PUEDE, Y LA OTRA PARTE ESTÁ DISPUESTA, QUE ACUDA A LA “MEDIACIÓN”.

(Por Raquel García-Valcárcel R.C, Cofundadora de GV&C)