En un caso que destaca por su complejidad y relevancia en el ámbito de la responsabilidad médica y aseguradora, nuestro cliente, una paciente afectada por graves errores médicos durante su parto en 2006, emergió como figura central en una larga batalla legal contra la compañía de seguros SEGURCAIXA ADESLAS. Su experiencia, marcada por la deficiente atención médica en la clínica USP SAN CARLOS y las secuelas físicas y emocionales devastadoras, desencadenó una serie de eventos legales que culminaron en una significativa sentencia en enero de 2023.
Dña. María contaba con un seguro médico de asistencia sanitaria proporcionado por la compañía SEGURCAIXA ADESLAS. Durante su embarazo, en 2006, acudió a la clínica USP SAN CARLOS, para dar a luz, siendo asistida por el Dr. Navarro Lifante. Sin embargo, la atención brindada durante el parto fue enormemente deficiente, ocasionándole lesiones graves y una gran angustia.
En concreto, durante el parto se le causó un desgarro grado IV que el asistente suturó en bloque -mucosa rectal y vagina- sin realizar una identificación correcta de los esfínteres anales, provocando con ello una incontinencia de heces que se manifestó tan precozmente como al tercer día postparto, y cuya resolución tardía dio lugar a las gravísimas secuelas que posteriormente aparecerían.
Cuando Dña. María constató que ya no había soluciones terapéuticas, acudió al bufete de abogados García-Valcárcel y Cáceres (GVCABOGADOS) en busca de asesoramiento jurídico especializado, y en enero de 2020 se presentó una demanda contra la compañía SEGURCAIXA ADESLAS.
En enero de 2023, el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Murcia dictaminó que la compañía debía indemnizar a Dña. María con 370.586,25 € por las lesiones y por daño moral distinto del daño corporal, además de los intereses correspondientes desde el 10 de febrero de 2020.
La compañía apeló la sentencia, alegando que no había negligencia médica, que no era responsable, en su caso, por los daños causados por el médico y que la acción legal estaba prescrita. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia de primera instancia, con imposición de costas procesales a la aseguradora apelante.
La indemnización finalmente cobrada por Dña. María en concepto de principal más intereses moratorios ha ascendido a 535.573,20€.
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